Solo un día después que la Ciudad de San Diego votara a favor de oponerse a la construcción del muro fronterizo impulsado por el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el Estado de California llegó hasta la valla fronteriza con Tijuana para anunciar su demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional.

Las autoridades estatales no solo hicieron notar su descontento ante la aparente falta de acato a las leyes por parte del líder de la casa blanca, sino también alegaron afectaciones hacia las comunidades más vulnerables.

“Tomaremos cualquier acción necesaria para proteger los intereses de California, así como la protección del medio ambiente”, dijo Xavier Becerra, fiscal general del Estado de California. “Si hay un paso que se trata de tomar por parte de la administración del Presidente que dañe al pueblo o al medio ambiente de California, estaremos en la corte”.

Solo una hora antes de anunciar esta demanda, Jeff Sessions, fiscal general de los Estados Unidos llegó al Condado de San Diego, donde dijo que la protección de la frontera era responsabilidad de las autoridades, por lo que su apoyo estaba con el proyecto del presidente para la construcción del muro.

Ante esto, Becerra aseguró ver con tristeza el apoyo del gobierno federal a proyectos que poco piensan en las necesidades reales de las comunidades en el país.

“Creo que vamos a ver que el procurador general federal toma una posición contraria a la de los 40 millones de habitantes de California”, agregó Becerra.

La Subprocuraduría de Derechos Civiles en California también informó haber detectado falta de estudios ambientales en el proyecto del muro fronterizo, afectaciones en la salud de las comunidades fronterizas y falta de cuidado a especies en peligro de extinción.

“Estamos levantando la demanda para proteger el bienestar, la salud a los residentes de California y también el medio ambiente. El gobierno federal y el Departamento de Seguridad Nacional están violando varias leyes estatales y federales ambientales y se están respaldando con una ley que no usa este tipo de proyectos”, informó Marisol León, subprocuradora de derechos civiles en California. “Si sigue en pie la construcción van a violar diferentes provisiones constitucionales federales”.

Las autoridades estatales también dijeron que de proceder la demanda contra el muro, se podrían suspender las obras de ocho prototipos en Otay Mesa, los cuales se espera sean construidos en escasos días.

Ahora que el gobierno de California ha interpuesto esta demanda en la corte del Distrito Sur de California, se buscará la respuesta de los acusados para ver si es desestimada o avanza en los sistemas de justicia del país.