Por Alexandra Mendoza

La familia de un refugiado ugandés que murió abatido por parte de un oficial de policía a finales de septiembre presentó una demanda en contra de la ciudad de El Cajón en la que además se exige entrenamiento para los elementos policiacos que deben lidiar con personas que padecen alguna enfermedad mental.
Alfred Olango de 38 años, recibió cuatro disparos por parte de un oficial luego de que éste sacara un objeto de su bolsillo, que más tarde se supo se trataba de un cigarrillo electrónico, y apuntara hacia uno de ellos.
La demanda en nombre de la viuda de Olango y sus dos hijas, de 12 y 16 años, pide una indemnización por daños y reformas al sistema policiaco que aseguren que este tipo de incidentes no se repetirán.
“Estamos aquí por una sola razón, no queremos que ninguna otra familia tenga que pasar por esto”, resaltó el abogado Brian Dunn en conferencia de prensa.
La tarde del 27 de septiembre, la hermana de Olango llamó a la policía pidiendo ayuda porque su hermano se comportaba extraño.
En uno de los dos videos que fueron difundidos por autoridades de El Cajón, se muestra cómo la hermana pedía a los oficiales que no dispararan a su hermano ya que éste no estaba armado y a su vez, clamaba a su hermano para que se retirara las manos del bolsillo. Segundos más tarde, uno de los oficiales, identificado como Richard Gonsalves, detonó su arma.
“Ella llamó por ayuda y debido a decisiones tácticas serias, ella no recibió la ayuda y tuvo la experiencia más horrífica imaginable al ver que su querido hermano era abatido frente a sus ojos”, precisó el abogado. “Estamos aquí porque creemos, sentimos y sabemos que esto pudo haberse prevenido”.
Tras el incidente, se dio a conocer que Olango tuvo un colapso nervioso debido al reciente fallecimiento de un amigo cercano.
La Policía de El Cajón ha señalado que pese a que cuenta con oficiales especializados para atender casos que involucran una enfermedad mental, al momento de que la hermana de Olango llamó por ayuda, ninguno de ellos estaba disponible de manera inmediata.
Lucy, hermana de Olango quien también ha presentado una demanda por negligencia no acudió a la rueda de prensa ya que de acuerdo a abogados, no ha podido recuperarse emocionalmente desde el incidente.
Rodney Diggs, abogado que representa Richard Olango, padre de Alfred señaló que esta búsqueda de justicia quiere mandar un mensaje al resto del país, en medio de acusaciones y más casos de abuso policiaco.
“Alfred Olango no es el único individuo con un hashtag de su nombre”, indicó el abogado refiriéndose a campañas de justicia en redes sociales. “Lo que queremos es garantizar que habrá justicia para que no veamos más hashtags de los que vimos en 2016, ojalá que lo que hagamos en una corte de ley derive en cambios y justicia para que familias alrededor del país no tengan que pasar por lo que ha pasado esta familia”.
Hace unas semanas, la fiscal de distrito Bonnie Dumanis informó que el Buró de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés) está involucrado en la indagación y todavía no se determina si se presentarán cargos por el tiroteo.
Pese a ello, activistas han solicitado que se realice una investigación independiente y que el oficial involucrado rinda cuentas por sus actos.
“La policía debe saber que si incurren en una mala conducta ellos deberán pagar el precio”, subrayó el reverendo Shane Harris de la Red Nacional de Acción en San Diego. “La policía no puede seguir matando afroamericanos en este país”.
El activista reiteró que “no solo buscarán justicia en las calles, sino en las cortes”, e hizo un llamado a una movilización el próximo 29 de noviembre frente a la corte federal.