Comentario:
Por Humberto Caspa, Ph.D.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia en torno a la constitucionalidad de la Ley en Defensa del Matrimonio (DOMA) y la Propuesta 8 está a en plena discusión. Los nueve magistrados escuchan la opinión de los abogados que están a favor y en contra, y se recluyen en su estrado principal para deliberarlos y tomar una decisión.

Sin embargo, esa decisión tan esperada ya fue adoptada por la misma sociedad norteamericana. Los magistrados no tienen más que acatar la ley de la gente, de su sociedad.

Existen dos posiciones polarizantes con relación a este tema. Por un lado, los grupos conservadores que apoyan una Ley que mantenga la obligatoriedad de ser hombre y mujer en la contracción de un matrimonio civil.

Por el otro, los grupos y personas progresistas que consideran que existe discriminación a nivel institucional, el cual debe ser repudiada y reconfigurada a favor de los gays.

Cualquiera que sea el fallo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la sociedad mayoritaria norteamericana ya puso su decisión en la mesa.

De acuerdo a la encuesta del Washington Post y ABC News conducido recientemente, 58% de la población apoya el matrimonio del mismo sexo. 81% son jóvenes ciudadanos de 18 y 29 años de edad. 44% de las personas de la tercera edad (mayores de 65 años) no están de acuerdo.

En este contexto, la cuestión “gay” es un fenómeno social con implicaciones políticas que pondría en cuestión la credibilidad de la Corte Suprema si es que los jueces mantienen la constitucionalidad de la DOMA y la Proposición 8.

No simplemente eso, sino que existe un riesgo real de movimientos sociales que pondrían en tela de juicio la legalidad del mismo sistema democrático norteamericano, como sucedió en la década de 1960 con el movimiento civil de los afroamericanos.

Así, los magistrados no tienen otra alternativa que apegarse al fenómeno social. Cinco de los jueces, John Roberts, Antonin Scalia, Clarence Thomas, Anthony Alito y Anthony Kennedy, normalmente se inclinan a la derecha. Kennedy, a pesar de ser conservador, a veces tiende a moverse al lado moderado de la Corte.

Mientras que Ruth Ginsburg, Steven Breyer, Elena Kagan y Sonia Sotomayor prefieren leyes progresivas que se adecuan al clima social imperante en la sociedad.

La presión societal sobre la Corte Suprema de Justicia es bastante clara. A pesar de que algunos magistrados no tienen afinidad con los gays y tal vez no están de acuerdo ideológicamente con los matrimonios del mismo sexo, lo más probable es que se adecuen a los cambios sociales que se presentan en la sociedad norteamericana.

Una decisión a favor de a DOMA y la Proposición 8 pondría en riesgo la dominación conservadora en la Corte. El electorado nacional joven se movilizaría políticamente y permitiría un cambio histórico en el Congreso, el Ejecutivo y en la Corte.

Es decir, el nuevo electorado nacional elegiría representantes que profetizan el progresismo social, se inclinarían por otro presidente con las mismas características políticas, o tal vez más radicales, que Barack Obama. Como el Presidente nombra a los jueces de la Corte Suprema de Justicia y el Senado los aprueba o desaprueba, lo seguro es que llene la Corte con jueces de su misma ideología.

Al final, los republicanos y los jueces conservadores serían los perdedores. La Corte Suprema de Justicia no tiene más que acatar a los mandatos societales y adherirse a esos cambios.

Humberto Caspa, Ph.D., es profesor e investigador de Economics On The Move. E-mail: hcletters@yahoo.com.