El pasado domingo 2 de junio se celebraron elecciones para renovar las gubernaturas en el Estado de Puebla — esta de carácter extraordinaria por la muerte en un accidente aéreo de la gobernadora que recién iniciaba su gestión sexenal — y la de Baja California, cuya duración será de dos años, a fin de alinear los comicios estatales a los federales en el 2021. También se renovaron algunos congresos locales como el de Tamaulipas, Quintana Roo y Guanajuato.

El “Tsunami” de Morena del año pasado tuvo una réplica, esta vez de menor intensidad considerando la participación ciudadana que parece desentenderse de los asuntos políticos, hartada por el desgaste a la que ha sido sometida por la pequeña estatura de partidos y candidatos de oposición — destacadamente del PAN y el PRI que continúan en franco declive colapsados por sus crisis internas, confusión ideológica, ausencia de programas de acción y proyectos electorales atractivos, amén del desprestigio por la corrupción que los distingue.

En Puebla, es sorpréndete que el partido que recién ganó la elección el año pasado haya sido desplazado por el candidato de Morena, quién se empeñó en volver a competir cobijado por el Presidente López Obrador y la conflictiva y altanera presión de la presidenta de MORENA, quién obstaculizó con un proceso amañado cualquier otra figura local. Barbosa representa un grupúsculo que facciosamente abandonó el PRD, partido al que representaba en la Cámara de Senadores, para sumarse convenencieramente al proyecto de Andrés Manuel, quién le pagó religiosamente su realineamiento.

En Baja California, después de 30 años, el Partido Acción Nacional (PAN) perdió la elección ante el natural desgaste que produce el poder como atinadamente refirió Ernesto Ruffo, primer gobernador de esa franquicia, y por los gobiernos panistas subsecuentes que hicieron del Baja California proyectos personales para enriquecerse escandalosamente en detrimento de la riqueza local. Una ciudadanía reflexiva y combativa les cobró el desatino, así como en su momento desplazó al PRI por las mismas razones.

Un gobierno de dos años tiene, en los hechos, mínimas posibilidades de generar resultados espectaculares. Enfrentará una crisis en las arcas públicas ante el dispendioso y mal gobierno saliente, y por los problemas que ha generado una reforzada delincuencia que sumada a los años de abandono de inversión en infraestructura y proyectos sociales dejaran al Estado sumido en una crisis social de gran riesgo. El flujo migratorio centroamericano será factor de riesgo ante el endurecimiento de las políticas para frenarlo, que conlleva dificultades en la movilidad de personas, mercancías y proyectos de inversión regional.

Pero como toda crisis constituye un riesgo, pero también una oportunidad, el gobierno de Jaime Bonilla Valdés llegará a ocupar la gubernatura con un sólido apoyo popular manifestado en las urnas, y el particular del Presidente López Obrador, quién lo designo súper delegado en la entidad, puesto desde el que construyó su candidatura, tendrá la responsabilidad de atenuar los efectos negativos de la alternancia y construir la base para la candidatura de seis años que se diputará en el 2021.

Si logra entender Bonilla el escenario y diseña y ejecuta un plan de gobierno que privilegie la armonía social, convocando a todas las fuerzas políticas y sociales a unirse para enfrentar los retos internos y externos, y a los actores económicos locales para que impulsen proyectos productivos que permitan capitalizar las ventajas que el ajuste económico mundial va a producir en los próximos años, permitirán que Baja California salga airosa del bache y se capitalicen los inmensos recursos naturales y humanos con los que está dotada. Por el bien de todos, que así sea.