“No hay plazo que no llegue, ni fecha que no se cumpla”, reza un refrán popular, y el pasado 30 de marzo dio inicio la fase de las campañas electorales para renovar los poderes ejecutivos y legislativos.

La ciudadanía ha sido poco receptiva, hasta el momento, sobre la suerte del proceso político; el bajo perfil de los candidatos, el desgaste de los partidos, la ausencia de propuestas inteligentes y provocadoras y un gobierno que no deja de inmiscuirse como razón de vida o muerte, literalmente, han caracterizado los plazos previos de precampaña e intercampaña.

En los próximo noventa días seremos objeto de un inclemente bombardeo de spots, tuits, mensajes subliminales, debates y entrevistas de los actores involucrados. El límite de la paciencia tendrá que ser infinito para soportar la andanada de fraseología sin contenido no profundidad, y será labor de minero lograr rescatar las pocas piezas de valor que en ese inmenso volumen de estulticia podrá encontrarse.

En contraste, la situación económica, social y política continúa en franco deterioro. La debilidad de las finanzas públicas, la complejidad del proceso de revisión del Tratado de Libre Comercio, afectado por una declaracionitis incontinente de su promotor, la incertidumbre de los mercados financieros dominados por el apetito especulador de sus operadores y la alza de los precios de los bienes y servicios básicos de una población que gradualmente ve deteriorado su ingreso, son tema regular de los medios de difusión.

Por si fuera poco, el gobierno, con sus días contados, y contando hacia su fatal conclusión, en buena hora, no atina a construir un escenario que favorezca el espíritu de cordura que se antoja necesario para que no se desborden las pasiones. Lejos de eso, y de concentrarse en limpiar la casa, se observa preocupado en buscar la manera de mantener privilegios y blindar obras, sinónimo de ineptitud, impunidad y corrupción.

Empezando por la cuestionable construcción de un nuevo aeropuerto internacional en la Ciudad de México, cuya conveniencia es discutible dadas las carencias y riesgos de operación del actual, es el icono de la pobre gestión de todo un sexenio que, además, no podrá capitalizar su puesta en operación contemplada, en el mejor de los casos, para un lejano 2020.

No es descartable que seguirán apareciendo irregularidades en su construcción, resultado de la conocida incompetencia de la autoridad responsable de la obra, misma que no logra responder a las incontables dudas que despierta la conveniencia de su localización, las dudas que surgen por los posibles beneficios que conlleva la ventaja de haberla conocido (o propiciado) para beneficiarse del tráfico de terrenos y derechos de vía involucrados. Esto, amén de los innumerables contratos de dudosa asignación por la vía de adjudicaciones directas, y la sobrepasada estimación de su costo, el que por cierto es financiado parcialmente con los ahorros para el retiro de miles de jubilados que podrían perderlos en caso de que fracase el proyecto.

No es el único caso de corrupción, tema obligado y central de las campañas electorales. Los expedientes se multiplican por las indagaciones de los órganos encargados de la fiscalización, investigaciones de la sociedad civil y delaciones de quienes buscan ponerse a salvo de la debacle. Por otro lado, las autoridades competentes brillan por su ausencia o son abiertamente parciales en los procedimientos de fincamiento de responsabilidades resarcitorias. Ese es el amargo “presente”, para examinar y evaluar, a partir de esa óptica, los rasgos de un futuro que se dirimirá entre la continuidad, o un cambio de fondo y reconstrucción integral.