A partir del primero de enero del 2018, cualquier persona que sea detenida por autoridades migratorias con fines de deportación tendrá derecho a recibir asesorías de abogados y a que se le proporcione información por escrito sobre las razones de su detención, y sus posibles consecuencias. El individuo podrá decidir si desea declarar, o negarse a hacerlo.
Este derecho se otorga luego de que el Gobernador de California Jerry Brown firmara la ley AB 2792, cual crea un marco de transparencia, sobretodo cuando corporaciones policiacas trabajen en conjunto con autoridades migratorias.
La iniciativa AB 2792 establece que el Servicio de Inmigración y Aduanas también realice foros abiertos a medios de comunicación, y a la comunidad en general, en donde den a conocer los detalles sobre los trabajos y detenciones que se lleven a cabo durante el año.
La medida surge luego de que en los últimos años el trabajo de corporaciones policiacas, así como su uso de la fuerza, fuera cuestionado, sobretodo en los últimos meses, en donde se han registrado resultados fatales que involucran homicidios policiales.
Autoridades migratorias han señalado que Departamentos Policiacos, así como Agencias del Sheriff, participan en las redadas que realizan únicamente con autorización previa. Sin embargo, activistas del Condado de San Diego, señalan, que el trabajo de policías y oficiales del alguacil, no deberían de involucrarse con este tipo de operativos, ya que su trabajo no debe de cuestionar sobre el estatus legal de los individuos.

Fue hace tres años, cuando en octubre del 2013, el Gobernador Brown firmó también la llamada  Ley de Confianza, misma que establece que las agencias del orden público a nivel local, no participen en la detención de indocumentados que no hayan cometido ilícitos. Esto ocurrió luego de que se registrara el mayor número de deportaciones en los Estados Unidos. A pesar de ello, las corporaciones no han respetado del todo dicha ley, un claro ejemplo son en los operativos del DMV, en el cual participaron agencias migratorias, logrando el arresto de decenas de inmigrantes, quienes únicamente buscaban obtener su licencia.
La ley AB 2792 buscará reforzar las leyes establecidas además de brindar protección a los derechos de los individuos detenidos que se encuentren bajo custodia de las autoridades migratorias.
Lo que aún no se define es la situación calificada como inhumana, a la que son sometidos en los centros de detención.
Apenas unos meses fueron liberadas algunas imágenes de cómo viven por meses inmigrantes sin tener alimentos y en temperaturas extremas. Sin embargo, a finales de septiembre, Brown vetó la ley que prohibía a ciudades y condados contratar la operación de los centros de detención privados operando con fines de lucro. Brown argumentó que el tema se discute en la capital del país, por lo que pidió a autoridades federales actuar con rapidez ya que manifestó su preocupación por las condiciones en las que viven.