La vida realmente tiene sus ironías incomprensibles. Esas ironías tienen un ingrediente especial si unimos las palabras de gay y prelado católico.

   Como cualquier institución conservadora, la Iglesia Católica reaccionó sin juicio político, sin control institucional y sin lógica, a un fallo de la Suprema Corte de Justicia de México (SCJN).

   Esta semana el máximo magistrado de la nación mexicana convalidó una ley del Distrito Federal que permite a dos personas del mismo sexo adoptar a un niño o una niña.

   Como se sabe, el cardenal de la arqui-diócesis de Guadalajara, Juán Sandoval Iñiguez, y el portavoz de la Arquidiócesis Primaria de México, Hugo Valdemar Romero, reaccionaron con un berrinche incontrolado. Resultado: La Iglesia Católica de nuevo está en la cuerda floja.

   Los dos acusaron públicamente a Marcelo Ebrand, jefe administrativo del Distrito Federal, como cabeza de un acto de corrupción.

   “Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de México fueron por el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrand Casaubon”, dijo textualmente el cardenal Sandoval.

   En otras palabras, según la “Iglesia Católica”, hubo soborno para que se adoptara la medida que revalida los derechos de la familia gay.

   Como en cualquier situación maquinizada, cuando el eje o la sustancia del argumento falla, todo lo que se dice después se desploma. Algo similar sucedió con Sandoval y Romero después del ataque contra Ebrand.

   Resulta ahora que ahora los dos son paladines de la Libertad de Expresión. Valdemar indicó que tienen todo el derecho de sacar palabras en base a su propia conveniencia.

   “Si algunos quieren interponer recursos legales, están en su derecho. Ojalá nos podamos manejar con mayor libertad de expresión en México, incluida la de ustedes (los periodistas), que se ha visto amenazada por otras circunstancias”, dijo.

   Debido a que la carga contra el Jefe del Distrito Federal contiene acusaciones graves que no sólo atentan contra su persona sino contra el Estado de México, Ebrand no tuvo más remedio que enjuiciarlos ante las cortes federales de su país.

   Esta maniobra no debería sorprender a nadie. En principio, las acusaciones de soborno, más allá de que sea verdad o mentira, nunca puede ser amparados por los principios de la Libertad de Expresión.

   El prelado en Guadalajara simplemente confundió sus derechos y creyó que podía hacer uso de los medios de comunicación y enjuiciarlo públicamente antes de hacer compadecer a Ebrand ante las cortes federales.

   Esa es la forma de presentar una denuncia de corrupción. Si tiene pruebas, como dice tenerlo Sandoval, primero inicia un procesamiento de juicio en las cortes por corrupción y luego se le incrimina públicamente.

   Sandoval Iñiguez y su portavoz no obraron de esa manera. Por el contrario, prefirieron llevar la situación a través del “chisme” político y la confrontación pública. Parece que todavía piensan que son los “enviados de Dios” y no se dan cuenta todavía que en la tierra, lo que manda es la justicia de los hombres y mujeres.

   Las ironías parecen perseguir a la Iglesia Católica cada vez que el tema de los gays y lesbianas sale a flote.

   Si no tienen pruebas contundentes contra Ebrand, Sandoval y los suyos tendrán que iniciar una forma de diócesis en medio de alguna penitenciaría mexicana.

Humberto Caspa, Ph.D., es profesor universitario. E-mail: hcletters@yahoo.com