La crisis de vivienda que se registra en el sur de California y en el resto de Estados Unidos llevó a tres ciudades en el condado de San Diego a sumarse a las manifestaciones registradas en San Mateo, Walnut Creek y Los Ángeles.

A las afueras de edificios inmobiliarios entre las calles Ruffin Road y la Avenida Balboa en San Diego, llegaron a con pancartas y consignas residentes de todo el condado para exigir el freno a las campañas contra la Propuesta 10, que intenta dar control a los aumentos desmedidos de rentas que se registran en la región.

La Proposición 10 es una medida electoral en el estado de California que, de aprobarse en noviembre, derogará la ley de vivienda de alquiler Costa-Hawkins la cual impide que las ciudades y los condados apliquen un control de alquileres a los apartamentos construidos después de 1995 o a las unidades de alquiler de viviendas unifamiliares y condominios.

Esta ley también permite a los propietarios de edificios y condominios, aumentar el alquiler a su criterio cuando una unidad queda vacante.

El sindicato de trabajadores en San Diego SEIU Local 221 dijo que el incremento de las rentas ha golpeado a las familias de una forma significativa.

“Estamos hablando del doble del promedio nacional”, aseguraron los miembros del sindicato.

Durante la manifestación a favor de la Proposición 10 y contra grandes corporaciones inmobiliarias, se habló del último documento emitido por la oficina del secretario de estado en California, que muestra las contribuciones por 20.63 millones de dólares (MDD) en contra de la Proposición 10.

El grupo National City Families Fair Housing informó en un documento que gran parte de estas contribuciones se habían realizado por compañías originarias de San Diego, tales como “Essex Property Trust” quien donó 2.4 millones de dólares seguida por la compañía Equity Residential con 1.7 MDD y Avalonbay Communities con 1.5 MDD.

Los ciudadanos y grupos organizados aseguraron que votar a favor de la Proposición 10, será una de las principales herramientas para erradicar el incremento de rentas que en ciudades como National City registra aumentos de hasta 900 dólares.

“Queremos controlar los desalojos por los incrementos injustificados de renta, si podemos mantener a personas en sus viviendas, ahora estaremos viendo más opciones, y quienes ya han vivido en National City o en estas ciudades se mantengan ahí”, dijo Paola Martínez, directora de la Alianza de Californianos para el Empoderamiento de la Comunidad (ACCE, por sus siglas en inglés).

El sindicato de trabajadores agregó que cerca del 30 por ciento de los trabajadores en California gastan más de la mitad de sus ingresos en rentas, lo que hace casi imposible para estas familias ahorrar para una emergencia.

El grupo Housing Vivienda Ahora informó que en base a un estudio realizado en el estado de California las tasas de pobreza más altas del país se registran en la región debido al alto costo de la vivienda, donde un tercio de los hogares pagan más del 50 por ciento de sus ingresos en rentas y su población se ve obligada a elegir entre las necesidades de casa y alimentación de su familia y ponen en segundo término sus cuidados de salud y los sitios de guardería.

Por su parte ACCE, señaló que en ciudades como National City, casi el 60 por ciento de quienes rentan un hogar deben utilizar el 30 por ciento o más de su salario para pagar la renta.