En estos días no es extraño que muchos nos preguntemos sobre el actuar de los gobiernos y de los personajes que detentan el poder público. Las noticias nos atiborran de imágenes y textos dejan mucho que desear sobre lo que se espera de quienes tienen la responsabilidad de guiar los destinos de las naciones.

Para encuadrar la reflexión es preciso hacer algunas puntualizaciones.

En primerísimo lugar, es importante recordar que somos los ciudadanos quienes elegimos a los gobernantes a través de procesos electorales en los que se revisan las propuestas que ofrecen partidos y candidatos a partir de ideologías, plataformas doctrinarias y programas de acción.

Pero en la realidad, parece que esa parte de la democracia no está funcionando ya que en lugar de confrontarse ideas lo que se observa es un patrón de comunicación que trata de desprestigiar al contrincante a partir de cuestiones superficiales o de poca relevancia; temas triviales van desde la imagen personal hasta cuestiones relativas a patrimonios o conductas personales y familiares. Todo menos política.

Los medios de difusión se aprovechan para desarrollar tácticas y difundir mensajes que están lejos de respetar la cordura, la moral y la inteligencia. Los debates no tienen contenido y son territorio para la confrontación personal en la que se recurre a toda clase de artimañas, mientras se elude confrontar ideas respecto a la construcción de políticas públicas. Los discursos se elaboran para desconcertar al electorado recurriendo, inclusive, a la mentira y a la diatriba como recursos de última instancia en la lógica de “…calumnia que algo queda”.

Entonces, no sorprende que el día de la elección pocos asistan a las urnas a cumplir con la responsabilidad cívica cansados por tanto desgaste y que, como resultado de una participación minoritaria, se construyan gobiernos con escasa representatividad social. A lo anterior todavía habría que agregar las dudas respecto a fuentes de financiamiento, fraudes cibernéticos o injerencia de gobiernos extranjeros. Muchas elecciones se dirimen en niveles judiciales y con elevada desconfianza.

Visto así, la gestión gubernamental se vuelve errática ya que por un lado los nuevos programas buscan instrumentar acciones que no tienen el respaldo mayoritario y son combatidas en forma espontanea o institucional. Los poderes fácticos tratan de proteger sus intereses y la comunidad se inconforma hasta el grado de la desobediencia civil. Esto no es privativo para algún país específico, pero toma dimensiones graves como en lugares donde la confrontación alcanza perfiles de guerra civil.

Las reuniones multilaterales se han convertido en escenarios de alta conflictividad respecto a temas económicos, de seguridad continental y se llegan a comprometer los compromisos que buscan preservar la salud y el medio ambiente. Se ponen oídos sordos para abordar problemas sistémicos como la pobreza, el comercio y la inseguridad ofreciendo a cambio un abanico de soluciones extremas para erradicar el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia organizada cuyos actores se desenvuelven con la más absoluta impunidad.

Ante estos escenarios, se impone que la ciudadanía se manifieste de manera contundente para exigir resultados a las autoridades responsables.

Es urgente promover y encauzar la inconformidad social y ofrecer un frente común que exija la implementación de programas que restituyan las funciones más relevantes de la gobernabilidad que es promover el bienestar social, familiar y personal: más y mejor educación, vivienda digna y coberturas de salud como primeros e ineludibles temas.

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