ACAPULCO, Gro. — Al menos nueve niños guerrerenses han muerto por hambre o atropellados, en campos agrícolas del norte del país, donde unas 40 mil familias completas emigran cada año en busca de un mejor futuro, expulsados de sus paraísos, saqueados en sus recursos naturales, con violencia creciente y desatención gubernamental.

Niños, mujeres y hombres, ajenos a sus derechos laborales y humanos, se someten a un sistema de “semiesclavitud”, que trae consigo, alto riesgo en su integridad física, maltrato, abusos de toda índole y hasta desapariciones con posibles fines de trata de blancas, según explicó Abel Barrera Hernández, Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollan.

“De 2010 a la fecha, hemos registrado nueve casos de niños, hijos de jornaleros migrantes que murieron en campos de cultivo, algunos por las precarias condiciones de salud y alimentación; otros bebés, fueron colocados en surcos para que descansaran y vehículos o maquinaria los atropellaron”, narró Abel Barrera.

Los casos de los abusos contra migrantes jornaleros agrícolas para el Gobierno prácticamente son inexistentes, los menores muertos en esos campos de cultivo son sepultados en “tierra bruta”, sin actas de defunción y sin fincar responsabilidades a los patrones.

“Protestamos por los abusos a los hermanos centroamericanos que cruzan por México hacia los Estados Unidos y de las inequidades de nuestros paisanos en los Estados Unidos, pero los problemas de nuestros jornaleros migrantes guerrerenses y de otros estados, no los vemos, para el Gobierno es muy cómodo ignorar esta problemática”, acusó el defensor de los Derechos Humanos.

El representante de Tlachinollan, criticó la desatención del Gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero quien a pesar de ser Presidente de la Comisión de Ecologia de la Conferencia Nacional de Gobernadores CONAGO, en su reciente visita a los Estados Unidos de América, ofreció la explotación de los recursos naturales como la minería en zonas como la Montaña, donde comunidades indígenas se han organizado para defender sus tierras de la explotación de recursos naturales que solo provocarán más miseria y desplazamiento.

La Montaña indígena de Guerrero, afectada por la delincuencia, el saqueo de los recursos naturales, falta de oportunidades y de políticas gubernamentales, cada año expulsa a unos 40 mil guerrerenses, que con sus familias completas ofrecen su mano de obra en campos de cultivo, básicamente en el noroeste de México.

Las familias guerrerenses que cada año, son expulsadas de la Montaña de Guerrero en busca de oportunidades, salen básicamente de los municipios de Tlapa, Chilapa, Ahuacotzingo, Zitlala, Apango, Ometepec, Atlixtac, Zapotitlán, Ahuacotzingo, entre otros.

La mayoría de los jornaleros migrantes agrícolas de Guerrero, pertenecen a etnias mixteca, tlapaneca, amuzga y nahua.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, Tlachinollan, pre-sentó en el Senado de la República de México, el Informe, Migrantes Somos y en el Camino Andamos, donde señala hechos de violación sistemática de los derechos humanos y laborales de los migrantes jornaleros agrícolas indígenas guerrerenses, con énfasis en el trabajo infantil a los que son obligados los menores de esas familias.