La separación de familias en Estados Unidos, comienza a alcanzar niveles que antes solo preocupaban a quienes habían ingresado a la Unión Americana de forma ilegal.

Hoy, los procedimientos de inmigración a nivel federal, aseguran activistas en San Diego, son inhumanos, ilegales e inconstitucionales, incluso para los que piden asilo político.

La Unión Americana de Libertades Civiles en San Diego e Imperial (ACLU, por sus siglas en inglés) inició una demanda desde el sur de California contra del departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la administración del presidente, esto por la separación de una familia integrada por una mujer de 39 años de edad y su hija de siete años, quienes al solicitar asilo político al país, recibieron cárcel y fueron separadas.

“Es una inmigrante originaria de la República Democrática del Congo y ella vino pidiendo asilo político con su niña”, informó Bardis Vakili, abogado para ACLU en San Diego. “Cuando llegó (a San Ysidro), pasó cuatro días detenida junto a (su hija), pero después, (un agente de DHS) tomó a la niña y voló con ella en un avión a Chicago y la madre se quedó detenida durante cuatro meses”.

En la demanda de 12 páginas, con el número 18CV0428 DMS MDD, se especifican los detalles del arribo de la llamada señora “L” (nombre dado por cuestiones de seguridad) y su pequeña al puerto de entrada de San Ysidro, donde gracias al poco español que logró aprender, pudo comunicarle su intención de solicitar asilo a la Unión Americana, después de la entrevista y cuatro meses, aún no puede regresar con su hija.

Organizaciones como la ACLU temen que esto sea parte de un nuevo método por parte del gobierno federal para esparcir información entre las comunidades migrantes y evitar más personas intenten solicitar apoyo y resguardo en el país.

Los efectos de estas posibles modalidades y prácticas; aseguran expertos que podrían ser devastadoras a corto y largo plazo, sobre todo para los menores de edad involucrados, quienes ya sufren las consecuencias de la separación de sus seres queridos en un país extraño.

“Es algo muy fuerte, porque las personas vienen por protección en los Estados Unidos, y cuando llegan a la frontera pidiendo asilo, nuestra política es detenerlos y encarcelarlos durante el proceso de la aplicación, eso es tan malo”, agregó Bardis Vakili. “Es muy traumático”.

Aunque activistas en la región han escuchado de más casos similares a este, el caso de esta familia originaria del Congo es el primero registrado de forma oficial, por lo que aseguran es difícil dar certeza de nuevas políticas en materia de solicitud de asilo en el país.

En el caso, las autoridades federales señalaron tener dudas sobre el parentesco de la menor y la señora “L” ante la dificultad de certificar documentos de este punto del continente africano. Sin embargo, los demandantes dijeron que DHS nunca confirmó si realmente este factor había propiciado la separación de ambas.

Actualmente la señora “L” se encuentra en el centro de detención de Otay Mesa y su hija de siete años en un refugio operado por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados en Chicago.

Al momento, solo se tiene información de seis llamadas telefónicas que han podido realizar entre sí. En cada una de ellas la desesperación de la menor ha sido notable.

En la demanda, espera la ACLU avance a la brevedad posible para que ambas afectadas sean trasladadas a un sitio donde puedan pasar por el proceso de migración juntas y no separadas por kilómetros de distancia.