Gavin Newsom, gobernador de California, canceló esta semana la pena capital en dicho territorio, con lo que 40 presos mexicanos condenados a muerte, de ellos varios bajacalifornianos, se salvaron de una eventual ejecución.

La decisión libra de la pena capital a bajacalifornianos como el tijuanense Carlos Avena Guillén, acusado de doble homicidio en San Diego, cuyo caso estaba en apelación esta semana.

Asimismo al tijuanense Sergio Ochoa Tamayo, acusado de doble homicidio; y el bajacaliforniano Juan Héctor Ayala, condenado por tres cargos de homicidio que habría cometido durante un robo en San Diego.

De 59 mexicanos que estaban hasta ayer sentenciados a muerte en todo Estados Unidos, con la decisión del gobernador de California ahora solo quedan 19, en otros estados, principalmente en Texas.

El gobernador firmó una orden ejecutiva que impone de inmediato una moratoria a la pena de muerte en California, antes de que el estado aprobara una nueva inyección letal, que habría conducido a la muerte a decenas de presos con ejecución pendiente.

Newsom en su tercer mes de gobierno declaró que abolió la pena de muerte porque “es una obligación moral y en honor a la justicia”.

“No puedo aprobar la ejecución de cientos y cientos de seres humanos, sabiendo que entre ellos habrá seres humanos inocentes”, declaró el gobernador.

La medida deja sin ejecución a 737 presos condenados a muerte, entre ellos a 40 de nacionalidad mexicana, de acuerdo con cifras que proporcionó la cancillería mexicana el año pasado.

California es el estado con más mexicanos que hasta ahora condenados a muerte, invariablemente acusados de homicidio con agravantes, o de primer grado.

El gobernador calificó de “un fracaso” el sistema de pena de muerte de California.

Las ejecuciones se suspendieron hace poco más de diez años cuando organizaciones civiles demostraron que el método de ejecución por inyección causaba sufrimientos insoportables a los ejecutados.

Una corte federal detuvo las ejecuciones hasta que el estado consiguiera un sustituto a esa inyección que comprobara que llevaría a la muerte sin martirio.

Newsom se ha declarado en contra de la pena de muerte desde que fue alcalde en San Francisco en el 2004.

El Proyecto Inocencia, de abogados que salvan a sentenciados erróneamente condenados, dice que el gasto por pena de muerte es excesivo y no sienta ningún precedente por ser interminable. El país hasta unos cuatro mil millones de dólares en la pena de muerte y cada nuevo sentenciado cuesta hasta 300 mil dólares.

El año pasado esa organización salvó a un condenado a muerte que pudo salvarse diez años mediante apelaciones y que finalmente demostró que era inocente.

Cada año son exonerados presos condenados a muerte que luego se demuestra su inocencia, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Pew que registró doce exoneraciones en el 2003, y entre siete y ocho en promedio anual desde 1989.

En reacciones, a nombre de todas las religiones en San Diego, el padre de la iglesia del vecindario latino, la Parroquia de Guadalupe de Barrio Logan, dijo estar “extremadamente feliz con la decisión de hoy porque la pena de muerte solo crea más sufrimiento. Nunca he visto la alegría en el rostro de nadie que presencie una ejecución”.

La mayor organización legal en el país, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), aplaudió la decisión del gobernador al decir que “en los últimos años, cinco personas han sido exoneradas en California, incluido un hombre que cumplió 25 años en el corredor de la muerte por un crimen que no cometió”.

“No sabemos cuántas personas inocentes se encuentran actualmente en el corredor de la muerte”, agregó la ACLU.