Tras años de repetidos intentos por obtener respuesta alguna de la ciudad, los propietarios de los terrenos de Dillon Trail en San Ysidro, tuvieron una junta con las autoridades de desarrollo de la ciudad sobre la triste problemática acontecida hace casi cuatro décadas en el área de Otay Mesa.

Las familias —en su mayoría de origen latino— que adquirieron un terreno equivalente en tamaño alrededor de un acre en esta zona en la década de los setentas, fueron desalojados por la ciudad sin motivo alguno en aquellos años, hoy esta situación se ha convertido en un verdadero problema para la ciudad en cuanto al área de seguridad, salud y habitantes en general; por ello, tomando en cuenta los futuros daños que la contaminación de estos terrenos llenos de escombro pueden ocasionar a la salud, la ciudad ha retomado cartas en el asunto y convocó a los propietarios de dichos espacios para realizar la limpieza correspondiente de sus tierras en beneficio de la comunidad.

Ésta fue la primera ocasión en décadas que los terratenientes de la zona Este de San Ysidro tuvieron un acercamiento con las principales autoridades de desarrollo de la ciudad para recibir cuentas de lo acontecido en sus tierras; pues ellos exigen poder acercarse a los terrenos de los cuales fueron despojados hace mas de 30 años y negado su acceso hasta la fecha de hoy. A pesar de sentirse escépticos desde el inicio de dicha reunión a la que fueron convocados en un salón comunitario de San Ysidro; la mayoría de los dueños acudieron con una remota esperanza de tener respuesta a sus cuestionamientos y la posible solución de esta prolongada problemática.

Las dudas son muchas, y las explicaciones que ofrece la ciudad son sencillas; se les impide el paso a estos terrenos ubicados en la Caliente Avenue, detrás de la escuela San Ysidro High School; puesto que no existe la construcción de un camino o carretera que permita el acceso fácilmente, para ello hay que pasar por otras propiedades pertenecientes a grandes compañías privadas; y de hacerlo, estarían incurriendo en una violación, es decir, invasión de propiedades ajenas.

Hoy se sabe que parte de la razón de dichos despojos, fue el crecimiento desmedido de la población de esta zona no planificada y el surgimiento de condiciones poco favorables para el desarrollo de un complejo residencial, de lo que en un principio estaba considerado solamente una zona recreativa para tráilers y casas rodantes.

Por su parte, las familias afectadas ya se reúnen para continuar su lucha y recuperar lo que les pertenece tomando las debidas acciones legales, cuentan con la asesoría de Mike Aguirre; un abogado con experiencia en asesoría sobre asuntos de la ciudad donde anteriormente se desempeñaba, está convencido de que existen los argumentos suficientes para demandar a la ciudad, pues la mayoría de los afectados, se han mantenido puntuales a sus obligaciones con el pago de impuestos.

Alberto Pulido, otro de los perjudicados y representante del grupo, hoy más que nunca busca continuar con la lucha del esclarecimiento de esta situación, a la cual se dedicó su padre —quien ya no está con él— desde el momento de ser desalojados hasta su muerte. En palabras del propio Alberto, lo único que los vecinos desean es que se les respeten sus derechos como ciudadanos americanos a pesar de ser una comunidad hispana y que la ciudad no siga cometiendo injusticias con lo que es su patrimonio desde hace cuatro décadas. Para ello, seguirán unidos esforzándose por recuperar sus bienes de la manera legal correspondiente, exigiendo al gobierno le devuelva su propiedad o al menos paguen la expropiación de dichos terrenos tomados sin explicación alguna años atrás.

Lo que es una realidad, es el serio problema en que se puede convertir la contaminación causada por esos terrenos abandonados mientras se resuelve su situación legal, pues proliferan en ellos residuos de llantas, basura y escombros que necesitan ser limpiados con ayuda de maquinaria y esfuerzo humano para evitar daños en la salud de la comunidad.