Autoridades de San Diego intensifican la búsqueda de un sitio dónde instalar un albergue temporal para atender al creciente número de familias migrantes que han llegado a la frontera para solicitar asilo político.

Esta semana, la Junta de Supervisores del Condado aprobó un plan diseñado para ayudar a miles de personas que tras presentar su petición de refugio son liberadas de la custodia de autoridades migratorias.

Dicha iniciativa va desde identificar algún edificio de propiedad del gobierno que pueda ser utilizado como albergue de corto o largo plazo hasta la creación de alguna política que permita que el Condado pueda brindar servicios a familias migrantes.

Por su parte, la ciudad de San Diego presentó una propuesta ante autoridades estatales para transformar un antiguo centro de detención juvenil en un albergue temporal.

El edificio ubicado en Alpine, cuenta con la clasificación de “ocupación residencial” por lo que no se requerirían de modificaciones significativas para que pueda operar como tal, aseguran autoridades municipales en una carta enviada el pasado 4 de enero a la Oficina de Servicios de Emergencias de California.

El sitio es propiedad del municipio y se contempla será puesto en venta, aunque de aprobarse la propuesta podría ser alquilado al estado u otra entidad para ser utilizado como albergue, precisaron autoridades.

Para activistas defensores de derechos humanos, es primordial que tanto la ciudad como el condado se involucren en este esfuerzo.

Si bien, esta región fronteriza ha recibido por décadas a solicitantes de asilo, la situación se acrecentó el año pasado tras la implementación de una política bajo la cual, inmigrantes recién liberados de custodia no recibieron asistencia por parte del gobierno para trasladarse a su siguiente destino.

Activistas han denunciado que en las últimas semanas, inmigrantes han sido abandonados a su suerte en distintos puntos del condado, incluyendo estaciones de autobús. Pero no todos cuentan con los recursos para trasladarse de inmediato a la ciudad en que los espera algún familiar por lo que han tenido que buscar techo.

En respuesta, la Red de Respuesta Rápida de San Diego (SDRRN), instaló un albergue temporal con capacidad para 100 personas que requieren un lugar donde pasar la noche, pero se requiere más.

En ocasiones, se ha necesitado espacio hasta para 180 inmigrantes por lo que se ha tenido que recurrir de emergencia a otros espacios.

“Hemos hecho todo lo que hemos podido con el espacio que tenemos”, indicó Norma Chávez-Peterson, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en San Diego, organismo que forma parte de dicha red.

En los últimos meses, dicho albergue ha recibido a más de 4,000 inmigrantes, principalmente madres con hijos pequeños. El permiso de operación del sitio vencerá el próximo 4 de febrero, según autoridades municipales.

Señaló que lo idóneo, sería que el nuevo albergue cuente con capacidad de por lo menos 200 personas y esté equipado con una cocina amplia, baños, regaderas, un espacio de aislamiento para casos médicos, y unas oficinas donde inmigrantes puedan tener privacidad para discutir sus casos con asesores.

A su vez, consideró que es imperativo que autoridades trabajen en esta problemática que si bien no es nueva, ha quedado en evidencia tras el aumento de personas en búsqueda de refugio.

Anteriormente, activistas habían unido esfuerzos para apoyar a otros grupos como los menores no acompañados o los inmigrantes haitianos que llegaron en búsqueda de oportunidades. “No podemos estar en crisis cada año, tenemos que empezar a ver por una solución a largo plazo”, resaltó Chávez-Peterson.

Por lo pronto, el gobernador Gavin Newsom, ha incluido dentro de su propuesta para el presupuesto 2019-20, un fondo general para ser utilizado en un programa de respuesta comunitario para apoyar a organizaciones no lucrativas que ayudan a inmigrantes que llegan a la frontera.

“Con gusto, California volverá a dar el ejemplo con soluciones proactivas para los problemas reales causados por las políticas insensibles y mal planteadas de la administración de (Donald) Trump”, indicó Chávez-Peterson.