La llegada de Neil Gorsuch marca el fin del equilibrio entre conservadores y liberales en el tribunal superior de Estados Unidos. La designación del juez de 49 años por el presidente Donald Trump, aseguran líderes de los grupos a favor de inmigrantes en San Diego, también llevará a que más víctimas de violencia por parte del gobierno federal no puedan obtener justicia.

Neil Gorsuch ocupará el noveno asiento dentro del tribunal, un puesto vitalicio que recibió posterior a la muerte del conservador Antonin Scalia durante febrero del 2016, aunque el anterior presidente Barack Obama intentó nombrar en el puesto a Merrick Garland, los republicanos se negaron y dijeron ser obligación del nuevo presidente de la Unión Americana el designar a quien tomaría la vacante.

Incluso antes de la llegada de Gorsuch, la resolución a demandas y apelaciones contra el gobierno federal era complicada, especialmente en los procesos de agresiones a migrantes.

“El caso de Sergio Adrián Hernández Huereca tiene siete años, el de Anastasio Hernández Rojas tiene casi siete años, y unos otros cuantos tienen también siete años o más y es que se trata de apelaciones y a través de apelaciones buscar la forma de que ambas partes puedan llegar a un acuerdo para terminar el caso”, informó Pedro Ríos, presidente de Amigos Americanos en el condado de San Diego.

Otro de los puntos complicados en el desequilibrio entre progresistas y conservadores son los beneficios que aseguran podría mantener el gobierno federal, sobre todo ante el apoyo que la presidencia del país ha dado a los oficiales, quienes gracias a esto aseguran serán más impunes a sanciones y a procesos en su contra en el tribunal supremo.

“Es bastante difícil porque en primer lugar los agentes de la Patrulla Fronteriza se sienten más respaldados por el gobierno”, agregó Pedro Ríos. “Estamos viendo más actividades y más presencia por parte de patrulla fronteriza, especialmente en el norte del condado y ahora van a tener el respaldo de una abogado a nivel nacional que lleva una política donde no respetan los derechos constitucionales”.

Hoy estas organizaciones ven un panorama gris ante el número de integrantes del tribunal y sus creencias sobre cómo se debe aplicar la ley. Con 4 progresistas y 5 conservadores hoy varios activistas en favor de los derechos humanos y del migrante ven difícil que quienes mantengan un caso contra agentes federales puedan hacer justicia, esto incluso después de ver pequeñas victorias como la de la familia de Anastasio Hernández Rojas o la de José Antonio Elena Rodríguez.

Hasta el día de hoy, los grupos a favor de migrantes en la frontera registran desde el 2010 casi 50 casos de personas que han perdido la vida a manos de agentes estadounidenses en la frontera.