Los hermanos Benny y Nissan Pirian, dueños de varios “carwashes” en el Condado de Los Angeles, han sido sentenciados a un año en cárcel cada uno por violar los derechos de sus empleados. Además, enfrentan el pago de $1.2 millones en multas e indemnizaciones a los trabajadores abusados. El fiscal registró inicialmente 172 cargos criminales por conspiración, robo mayor y numerosas violaciones a las leyes laborales. La pena máxima de haber sido encontrados culpables de todos los cargos es de 186 años en prisión. Los hermanos se declararon “sin oposición” a 6 cargos. “Sin Oposición” se considera una declaración de “culpable” en las cortes criminales. Las violaciones a las leyes de empleo fueron registradas luego que un gran grupo de empleados actuales y antiguos reportaron los abusos a las autoridades.

    Más de 40 testigos presentaron evidencia que a estos trabajadores no les pagaban ni siquiera el salario mínimo, no les pagaban las horas extras, y no les permitían tomar el descanso (break) aún en condiciones de extremo calor. Los trabajadores reportaron que los hermanos Pirian les exigían empezar a trabajar 15 minutos antes de la hora de comienzo y trabajar ½ hora sin paga después de la finalización de horario reglamentario. Algunos trabajadores reportaron que les pagaban una cantidad fija de $35 por día lo que también viola la ley de salario mínimo; otros dijeron que trabajaban a cuenta sólo de las propinas. Estos patrones condenados también exigían ilícitamente que los trabajadores compraran sus propios uniformes y el equipo de trabajo. Y, quizá lo peor de todo, los trabajadores se quejaron que los hermanos Pirian rehusaron proveerles atención médica a empleados lesionados que habían sufrido accidentes incluyendo quemaduras con ácidos, heridas punzantes profundas y laceraciones graves.

    Trabajadores que estaban cooperando con una unión laboral denunciaron que fueron marcados personalmente y recibieron  acoso e intimidación de manera especial. Henry Huerta de CLEAN CARWASH CAMPAIGN (Campaña para Carwash Limpios) dijo “Los trabajadores de los “Carwash” reportaron las violaciones que llevaron a los cargos criminales y a estas condenas…y continuarán exponiendo condiciones ilícitas en los lugares de trabajo en su lucha por tener voz en el trabajo.” Casi todos estos trabajadores son inmigrantes Latinos y muchos son indocumentados. El Fiscal puso muy en claro que el estatus migratorio de las víctimas es irrelevante. Toda persona independientemente de su estatus migratorio tiene el derecho a protección bajo nuestras leyes. Después de servir su sentencia de un año en cárcel, estos criminales condenados estarán en libertad bajo palabra por 4 años. Cualquier violación a la ley durante el período de libertad bajo palabra hará que vuelvan a prisión.

    El juez también emitió una orden judicial prohibiendo cualquier tipo de represalias contra los trabajadores. No pueden ser despedidos, removidos, o castigados de otra manera, por haber reportado los actos ilícitos de los patrones. El éxito en la condena y castigo de estos patrones es extremadamente importante. Los inmigrantes indocumentados comprensiblemente son renuentes a reportar los abusos de los patrones por temor a ser despedidos, a que los reporten a funcionarios de inmigración, o ser castigados de otra manera. Este caso demuestra que aún los trabajadores indocumentados pueden reportar a las autoridades el abuso y mala conducta de los patrones sin temor a consecuencias migratorias negativas.