Asesinatos en plena luz del día, secuestros, ajustes de cuentas, amenazas con un perro muerto a la puerta de una casa y una lápida arrancada de un cementerio, policías corruptos que incluso cargan drogas para los traficantes, compra de granadas, uniformes militares y la embestida con una Escalate contra una patrulla de la Policia de caminos (CHP).

    No, esto no es Tijuana, sino San Diego, Chula Vista, Imperial Beach y Poway, a donde se han refugiado los miembros del Cartel de los Arellano Félix y sus brazos operativos, ante la persecución de las autoridades y el aumento en la violencia entre bandas rivales.

    En este mundo paralelo creado en medio de la aparente calma de la mancha urbana “La oficina” era el centro de operaciones del cartel, ubicado en una casa de Chula Vista, “visa grande” es la oportunidad de cruzar grandes cantidades de droga y “las carreolas” son mujeres que esconden droga en su cuerpo para pasar la frontera.

    “La persecución de autoridades y los enfrentamientos  entre carteles rivales ha llevado a los miembros del crimen organizado hacia el norte” dijo la fiscal federal, Laura Duffy, “su llegada aquí facilita nuestro actuar en cuanto a vigilancia, cateos, cámaras y grabación de conversaciones telefónicas, que son pruebas admisibles en corte para procesar a estos sujetos y darles el mensaje claro de que dejen a la comunidad fronteriza tranquila”.

            El problema ha crecido de tal manera que autoridades vieron necesario crear al Grupo Contra la Violencia Transfronteriza, que fue creado hace seis meses tras obtener fondos federales para su operación y reúne fuerzas de ATF, FBI, DEA, DHS, CHP y policías de cada ciudad del condado de San Diego.

   En su primer operativo, llamado “Luz Verde” hay 43 personas -entre ellas ocho mujeres-, acusadas de pertenecer a la organización de Fernando Sánchez Arellano, organización derivada del conocido cartel de Tijuana, de la familia Arellano Félix ahora a cargo del sobrino de los famosos hermanos.

   31 de los 43 mencionados ya están arrestados, los doce restantes -entre ellos los dos cabecillas que parece que huyeron a Jalisco- se encuentran aun prófugos de la justicia.

   En la extensa investigación donde se infiltraron agentes encubiertos y se consiguieron al menos dos informantes, participaron 9 equipos de FBI y 29 equipos de arrestos y por lo menos se lograron evitar 25 actos violentos y 8 asesinatos, incluyendo los de dos policías en México.

   Fueron en total 15 lugares cateados y 40 números de teléfono intervenidos con más de 50 mil horas de grabación donde se documentan asesinatos, violaciones, tráfico, corrupción e incluso la venta de todos los datos de la policía estatal de BC por apenas mil dólares.

 Compleja red binacional de criminales

   La mitad de los arrestos realizados en el operativo fueron de personas residentes en San Diego,  en casas y departamentos de todas clases sociales, ubicadas en Chula Vista, Imperial Beach, Colton, Moreno Valley y San Diego.

   Entre los detenidos está el enlace de la PGJE con autoridades norteamericanas, Jesus Quiñones Marques, un ministerial en activo y varios ex/policías tijuanenses, acusados de trabajar para el cartel proporcionando información, protección e incluso persiguiendo a sus rivales.

   Márquez fue detenido en San Diego luego de haberlos invitado a una “junta de coordinación” que culminó con el arresto de quien se sospecha responsable de haber filtrado información de agencias norteamericanas a miembros del cartel, además de listas de policías y persecución de miembros de carteles rivales.

   “La colaboración de Marques con FSO fue confirmada cuando uno de los acusados le llamó para decirle que le darían un nuevo número de teléfono. No estoy enterado de ninguna razón legitima por la que un funcionario público de alto rango como Márquez deba tener un teléfono controlado y pagado por un miembro del crimen organizado”, dice el documento, a cargo de un agente de FBI quien estuvo a cargo de la operación.

   Según la estructura descrita por las autoridades federales en la investigación, -que ya consta de 79 páginas-, los carteles operan por medio de una estructura clara pero flexible de varios niveles en los cuales están “los señores” o líderes del cartel, luego sus lugartenientes y en tercer lugar las autoridades mexicanas corruptas encargadas de dar información a los carteles, liberan a miembros de la organización detenidos pero también, persiguen a miembros de carteles rivales.

   Según los documentos de “Luz Verde” los señores de este grupo criminal son Fernando Sánchez Arellano y su mano derecha, Armando Villareal Heredia, aka “El Gordo” quienes juntos, tienen el mando de al menos 10 lugartenientes quienes reciben órdenes directas, entre ellos está  Alicia Martinez quien tomará el lugar de su esposo luego de que fuera encarcelado.

   El resto de las mujeres en su mayoría se encargan de seducir a las víctimas del cartel, traficar droga escondida en el cuerpo o llevar inventario detallado de la droga y el dinero.

   Este caso, ilustra la vulnerabilidad de las fronteras y los estrechos vínculos entre los fenómenos sociales que enfrenta, en cuyo escenario será cada vez mas visible el papel de las autoridades norteamericanas.

   “El gobierno está comprometido a trabajar al unísono y ese esfuerzo se ha visto recompensado con las docenas de arrestos realizados que tendrán un impacto verdadero en la seguridad y la calidad de vida de nuestras comunidades en ambos lados de la frontera” dijo el director del FBI en San Diego, Keith Slotter.

El autor del artículo, por razones de seguridad, se mantiene en el anonimato.