Ha pasado más de un mes desde que concluyó el plazo otorgado por un juez de San Diego para que el gobierno reunificara a todas las familias que separó en la frontera y, todavía, 497 niños continúan alejados de sus padres, evidencia un reporte presentado ante la corte federal.

Hasta la fecha, la administración de Donald Trump ha concretado la reunificación de 2 mil 157 del total de 2 mil 654 niños que separó de sus padres a consecuencia de la implementación de la política de “cero tolerancia” contra la inmigración ilegal.

De los 497 niños que se mantienen bajo cuidado de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés), 22 de ellos menores de cinco años, los padres de 322 ya fueron deportados del país, por lo que tanto el gobierno como una red de agrupaciones liderada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), se han puesto en contacto con ellos.

Pero la ACLU, organismo que interpuso la demanda colectiva a nombre de los padres afectados, insistió esta semana en que ha identificado casos en que algunos inmigrantes fueron “forzados o engañados” a renunciar a su derecho de solicitar asilo político y aceptar la salida del país ya que se les habría hecho creer que era la única forma de ser reunificados con sus hijos.

Mientras que el gobierno insiste en que ha informado a inmigrantes de forma correcta sobre sus opciones, entre las que se encuentra salir voluntariamente del país, algunos activistas que han seguido este caso de cerca han criticado que el proceso haya demorado tanto.

“Es muy grave”, declaró a las afueras de la corte Benjamín Prado, activista con el Comité de Amigos Americanos. “Ese sigue siendo el problema de este plan de separar a familias, todavía queda ese trauma para (las familias) que siguen separadas e inclusive que fueron engañadas de firmar una salida sin saber que no iban a ser reunificados con sus hijos”, agregó.

La administración federal dio a conocer que “en días recientes” ha detectado un aumento de peticiones para que se conceda la salida voluntaria de los hijos de padres que ya fueron deportados.

Abogados del Departamento de Justicia hicieron dicha anotación, dado que el juez Dana Sabraw emitió una orden para congelar las deportaciones de familias recién reunificadas con la intención de que éstas tengan tiempo para evaluar si continúan con sus peticiones de asilo.

“Docenas de niños, han recibido salida voluntaria por parte de jueces de inmigración y han buscado el apoyo del gobierno para salir del país”, indicaron abogados de Departamento de Justicia en el informe presentado ante la corte.

“A su vez, el gobierno trabajó con abogados de los niños para facilitar y cubrir el costo del traslado hacia el país de origen. El gobierno ha ofrecido esta asistencia en cumplimiento con la orden judicial y su directiva para reunificar (familias)”, añadieron.

La administración federal busca que el juez aclare la distinción entre una deportación y salida voluntaria ya que temen ser señalados por incumplimiento del mandato judicial.

Pero la ACLU no quita el dedo del renglón y busca pelear por los casos en que inmigrantes se apresuraron a firmar su salida del país sin haber evaluado sus opciones para continuar con su petición de asilo.

Este viernes, ambas partes regresarán a la corte federal para que el juez evalúe si concede el regreso temporal de algunos padres para que puedan aprovechar este derecho.