Después de que una mujer hondureña y su hija de 17 años de edad fueron “violadas en repetidas ocasiones” por miembros de la Mara Salvatrucha, las dos huyeron de su país y se dirigieron a los Estados Unidos — un país que a lo largo del tiempo se ha adherido a la ley internacional y permite que personas puedan presentar su caso cuando buscan asilo.

En agosto de 2016, Dinora Doe y su hija, ahora de 18 años, llegaron al cruce fronterizo de Otay Mesa en San Diego y trataron de solicitar asilo.

Pero muy pronto, la pareja fue rechazada por los funcionarios de la agencia de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos. Las mujeres fueron “mal informadas” acerca de sus derechos y fueron negadas la oportunidad de solicitar asilo, según una demanda colectiva presentada el 12 de julio contra el Departamento de Seguridad Nacional.

Las dos mujeres hicieron el intento un total de tres veces, según la denuncia. En un caso, los agentes de aduanas de Estados Unidos incorrectamente le dijeron a la madre e hija que los Estados Unidos no da asilo a los centroamericanos. En otro intento, los agentes le dijeron a Dinora que podía cruzar la frontera solamente si dejaba a su hija en la ciudad fronteriza de Tijuana, donde las dos siguen el día de hoy.

En la demanda se montan numerosos casos similares a éste, y afirma que los agentes de aduanas en la frontera entre Estados Unidos y México han violado sistemáticamente la ley al negar a los solicitantes de asilo su derecho a una entrevista con un oficial de asilo.

Tanto en los EE.UU. como en el derecho internacional, los agentes de aduanas tienen la obligación de examinar a las personas que expresan temor a persecuciones y piden asilo. Los funcionarios tienen la tarea de dar a estos extranjeros una entrevista con un oficial de asilo capacitado que es despues encargado de verificar la legitimidad de cada petición.

Una vez que el oficial de asilo determina la validez de los solicitantes de asilo, las personas pueden ser deportadas o guiadas hacia el sistema de corte de inmigración, donde un juez toma la decisión final. Las ocho organizaciones de derechos para el migrante que están demandando al gobierno de Estados Unidos reclaman que antes de que cualquier proceso de este tipo comience, las personas ya son rechazadas.

El rechazo a esta gente se hace mediante el uso de una serie de tácticas que incluyen “amenazas e intimidación, abuso verbal y la fuerza física” y, en otros casos, también incluye echar la culpa a la administración de Trump.

La demanda alega que los agentes de aduanas han dicho a los solicitantes de asilo que “Donald Trump acaba de firmar nuevas leyes que dicen que no hay asilo para ninguna persona”.

Mientras que la administración Trump ha dejado claro que quiere ser más estricta con el control de la inmigración, no ha ordenado a los agentes de aduanas regresar a las personas que buscan asilo en los EE.UU.

De hecho, una orden ejecutiva firmada el 25 de enero, dice que “todos los recursos legalmente disponibles” deben asignarse “de inmediato a los funcionarios de asilo a los centros de detención de inmigración con el fin de aceptar referencias de asilo y determinar que el temor sea creíble”.

Otro caso que no pudo pasar por este proceso, según la demanda, es el caso de Abigail Doe, quien escapó del centro de México con sus dos hijos después de que su marido desapareció en mayo. Abigail abandonó el país después de que ella le contó a las autoridades mexicanas que su marido había desaparecido después de que él se negó a prestarle su tractor a un cartel de la droga que quería usarlo para transportar drogas. Tras el informe de la policía, los miembros del cartel la secuestraron y amenazaron con matarla si investigaba más sobre la desaparición de su marido.

Cuando Abigail Doe solicitó asilo en la frontera de San Ysidro en San Diego, los agentes de aduanas dijeron que solo las autoridades en México podían ayudarla y luego la amenazaron con quitarle a sus hijos si se le permitía cruzar la frontera”, según la denuncia.

Carlos Díaz, portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza se negó a comentar sobre las acusaciones.

También es importante tener en cuenta que el número de aprehensiones de inmigrantes en la frontera suroeste es menor desde que Trump se volvió presidente, según los datos de aduanas y protección Fronteriza. En octubre del año pasado, las cifras muestran que más de 66 mil personas fueron detenidas en la frontera. Ese número se redujo a alrededor de 21 mil este mes de junio.

Esta demanda federal no es la primera. En enero, defensores de los inmigrantes presentaron una queja ante la Oficina de Derechos y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional, alegando que los agentes de aduanas cada vez más seguido regresaban a migrantes que solicitaban asilo.

Como resultado de ello, según los defensores de los inmigrantes, una cantidad más grande de inmigrantes se encuentra atrapada en México. Y estas personas están “expuestas a la persecución continua y amenazas” así como a otros problemas de seguridad mientras esperan asilo en los EE.UU. Esto también incita a que los migrantes entren a los Estados Unidos ilegalmente por el desierto o en todo el Río Grande por desesperación.