Cientos de personas que se reunieron en Chicano Park esta semana para protestar y marchar por el centro de San Diego exigieron el fin de las recientes separaciones familiares por parte de la administración Trump, la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su siglas en inglés) y la cancelación de la implementación de la Operación Streamline.

Se espera que la operación Streamline, un programa federal que se está expandiendo a lo largo de la frontera de California este mes y que crea persecuciones masivas de seguimiento rápido de personas que cruzan la frontera sin documentación, comience este mes en California.

Las personas que asistieron incluyeron residentes de San Diego y cientos de otros que viajaron de todo el estado y el país, incluidos Oakland, Los Ángeles, condado de Orange, Arizona, Georgia, New Hampshire, Nueva York, Washington State y Washington D.C.

La marcha y la protesta fueron organizadas por Mijente y varias organizaciones interreligiosas y de derechos civiles.
La manifestación comenzó temprano en el Parque Chicano con varios oradores que expresaron su oposición a una serie de políticas de inmigración.

Itzel Guillen, una Gerente de Integración de Inmigrantes en Alliance San Diego y beneficiaria de DACA, dijo a la multitud que durante los últimos 20 años de su vida ella ha vivido con el temor de separarse de su familia.

“Me paro hoy aquí en solidaridad para rechazar las políticas crueles e inhumanas de esta administración que mantienen a niños y familias enjaulados. El hecho de que estos niños y familias que huyen de la violencia sean tratados como delincuentes y enfrenten la separación familiar que tanto temo es otro recordatorio de por qué tenemos que seguir presionando por soluciones políticas humanas”, dijo Guillén.

Regis Bunch, miembro de Black Lives Matter, vino de Los Ángeles con un grupo de 20 personas. Bunch dijo que la separación de las familias es un problema con el que se puede relacionar.

“La razón por la que existimos es debido a las cárceles, los centros de detención y las cárceles que han eviscerado a la comunidad afroamericana. Estamos aquí para estar en concierto con Mijente y abolir ICE, aboliendo todas las instituciones que continúan separando a las familias”, dijo Bunch.

Poner fin a ICE fue uno de los principales temas de la protesta y la marcha.

La reverenda Beth Johnson, una ministra de Palomar Unitarian Universalist Fellowship en North County, explicó que los delegados Unitarios Universalistas en su asamblea general hace dos semanas votaron a favor de la abolición del ICE.

“Sabemos que las acciones de ICE son inhumanas, casi incomprensibles, no es una agencia necesaria, ha existido desde 2003, es una agencia reaccionaria, no hay rendición de cuentas. Nuestro primer principio es afirmar y promover el valor y la dignidad inherentes de cada persona y así solo se trata de cómo vivimos nuestra fe y de que no podemos permitir que nuestros hermanos inmigrantes sean tratados de esta manera”, dijo el Dr. Johnson.

El Comité de Servicio Amigos Americanos, una organización internacional con una oficina en San Diego, también estableció una petición en Internet para que el Congreso elimine ICE.

Hace solo unos días, el presidente Trump defendió el desempeño de ICE en un par de tweets, después de que unos pocos demócratas propusieran la eliminación del ICE.

“Para los grandes y valientes hombres y mujeres de ICE, no te preocupes ni pierdas tu espíritu”, escribió Trump en un tweet. “Están haciendo un trabajo fantástico para mantenernos seguros mediante la erradicación de los peores elementos delictivos”.

En Chicano Park, los niños encabezaron la marcha hacia el centro de San Diego, se escucharon los sonidos del trombón, la pandereta y varias guitarras que tocaban música en vivo mientras los que marchaban cantaban en voz alta y sostenían carteles.

En el centro de la ciudad, a pocos pasos del edificio donde se encuentran las oficinas de ICE, dos personas colgaban de cuerdas sobre el Hotel Westin mientras que otros los miraban desde lo alto del edificio. El suspenso creció de aquellos que los miraban mientras tendían una pancarta sobre el hotel, que decía “Liberen a nuestras familias ahora”, como un medio para exigir el fin de las detenciones familiares y la Operación Streamline. El grupo fue arrestado más tarde por ponerlo sobre el edificio. Los organizadores dijeron que los funcionarios están pidiendo fianzas de $ 25,000 a cada persona y algunos están siendo acusados de robo y conspiración.

Otros unieron sus brazos y bloquearon la entrada al edificio de ICE, mientras que otro grupo bloqueó la entrada al edificio de la corte federal.

En mayo de este año, el juez principal Barry Moskowitz del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California emitió una orden para formar un comité para resolver los problemas de los planes del Fiscal Federal para aumentar sustancialmente el enjuiciamiento de los casos de entrada ilegal, incluyendo al menos 100 casos de delitos menores a la semana.

En la orden, el juez Moskowitz también dijo que los planes llegan en un momento en el que la Corte ya ha tenido un aumento aproximado del 45 por ciento en los casos de delitos el año pasado.

La Operación Streamline fue iniciada en 2005 por el Departamento de Seguridad Nacional en Del Rio, Texas, para acelerar el enjuiciamiento de las personas que cruzan la frontera y para evitar que las personas ingresen al país sin la documentación adecuada.

Esta se implementó en otras partes de la frontera de Texas y Arizona, bajo el presidente George W. Bush y el presidente Barack Obama.

En Tucson, en un momento aproximadamente 70 personas serían procesadas en un día con todos ellos declarándose culpables al mismo tiempo y también serían condenados en cuestión de horas.

Los defensores del programa han dicho que desanima a las personas a cruzar la frontera, pero los críticos desde hace tiempo han expresado su preocupación sobre los derechos de los acusados.

Un informe del 2016 de Estrategias de Justicia, un grupo pro-inmigrante, crítico de la Operación Streamline, dijo que la mayoría de los jueces y abogados que participan en el proceso no ven el sistema como efectivo y conduce a la sobrepoblación en el sistema penitenciario federal. También estima el costo de los procesamientos penales al menos en $ 7 mil millones desde 2005.

Angelica Cházaro, miembro de Mijente, explicó algunos de los siguientes pasos.

“Nuestra visión continuará evolucionando en los próximos meses y años, pero nos mantenemos firmes en el compromiso de liberar nuestro futuro del régimen de Trump”, dijo.