La derrota del senador estatal de Arizona Russell Pearce en las elecciones especiales que se realizaron para revocar su mandato es una señal tangible de que a los antiinmigrantes se les debe combatir con el poder del voto y se les puede ganar.

    “Aunque todavía no se han dado a conocer los resultados oficiales de las cifras de participación latina, fue evidente que la votación de los electores hispanos fue definitiva para que Pearce perdiera”, me dijo Janet Rodríguez, la galardonada reportera de Telemundo en Arizona, que se ha ganado cinco Emmys siguiéndole los pasos al hoy defenestrado senador, al alguacil Joe Arpaio, a la ley estatal SB 1070 y a las vicisitudes de los inmigrantes indocumentados radicados en ese estado.

    Como ejemplo para emular está la osadía de los integrantes de la organización Ciudadanos por Una Mejor Arizona, que recolectaron más de 10 mil firmas válidas para que las autoridades electorales convocaran la votación especial que puso en manos de los electores decidir la suerte de Pearce y su desafuero.

    Lo que parecía una misión imposible concluyó en un acto inédito en los 99 años de existencia de Arizona como estado: la destitución por medio del sufragio popular del individuo que ostentaba el cargo de presidente del Senado Estatal, un funcionario que parecía invencible y cargado de soberbia.

    Pearce, quien fue el impulsor de todas las leyes antiinmigrantes en Arizona desde 2004, no se presentó para reconocer su fracaso electoral con la folclórica camisa de palmeras que usó para hablar con la presentadora de Univisión, María Elena Salinas, tras la aprobación de su obra maestra, la SB 1070, que convirtió en delito ser indocumentado en Arizona.

    Esta vez, el senador estatal utilizó una indumentaria sencilla, la de una de sus camisetas de campaña para la admisión del descalabro electoral, acompañado por su compañero de perfidias contra los inmigrantes, el sheriff Arpaio, del Condado de Maricopa.

    Pearce, que regularmente ha usado corbata para hablar con los medios en inglés, logró en 2004 la aprobación de la proposición 200, que exige que los funcionarios oficiales reporten a las autoridades a los indocumentados que intenten solicitar beneficios públicos.

    En 2005 impulsó la “Ley anticoyote” contra el tráfico humano, que dio luz verde a las redadas indiscriminadas y a los abusos que se atribuyen al alguacil Arpaio.

    En 2006 hizo que se decretara la ley 100 que niega la posibilidad de fianza a los indocumentados acusados de delitos.

    También en 2006, hizo pasar la Proposición 102, que niega a los indocumentados el derecho a compensación cuando presentan demandas contra ciudadanos estadounidenses.

    En 2007 hizo aprobar la ley de sanciones a los empleadores, que castiga a los que contraten indocumentados.

    En 2008 logró que se instituyera la ley HB 2008, que sanciona a los empleados públicos que no denuncien a los indocumentados que se atrevan a pedir subsidios gubernamentales.

    En el escritorio de Pearce estuvo la propuesta de abrogarle la ciudadanía a los hijos de indocumentados nacidos en territorio estadounidense y la de obligar a los directores de escuelas a reportar a los estudiantes indocumentados y sus padres como lo establece la feroz ley de Alabama.

    Pero Pearce no ha estado solo en la elaboración de los proyectos de ley, para eso ha tenido la asesoría de abogados como Kris Kobach, ligado a la Federación Americana para la Reforma de la Inmigración (FAIR) y el Instituto para la Reforma a las Leyes de Inmigración (IRLI), dos prominentes organizaciones antiinmigrantes.

    A mediados de la década pasada, Pearce se disculpó por haber redistribuido material editorial producido por la organización racista National Alliance y fue cuestionado por su apoyo político al dirigente supremacista ario J. T. Ready.

    La derrota del ideador de la cárcel de carpas para albergar indocumentados en el desierto de Arizona envía un mensaje al resto del país: la intolerancia se puede vencer.

    Somos 21 millones de votantes latinos.