La posibilidad de que el Condado de San Diego pueda unirse a una demanda del gobierno federal en contra de las denominadas “leyes santuario” de California ha causado molestia de organizaciones locales.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha pedido a la Presidenta de la Junta de Supervisores, Kristin Gaspar que retire la propuesta de la agenda de la próxima semana, al calificarla de “un ataque” hacia las comunidades migrantes.

“No hay necesidad de que voten para apoyar la demanda de Trump contra el estado de California”, denunció Norma Chávez-Peterson, directora ejecutiva de ACLU de los condados de San Diego e Imperial.

La junta de supervisores, conformada por cinco funcionarios republicanos, considerará el próximo martes 17 de abril si sigue los pasos de otras ciudades como Escondido, y se une a la oposición de la recién implementada ley estatal SB-54 que limita la colaboración entre departamentos de policía y autoridades de inmigración.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos encabezado por Jeff Sessions demandó hace unas semanas al estado por tres leyes que favorecen a indocumentados.

Activistas defensores de derechos humanos han manifestado su indignación por el hecho de que el Condado haya incluido este tema en la agenda, y que además, podría ser deliberado a puerta cerrada.

“Estamos muy decepcionados con ellos que lo quieren hacer de esta manera”, lamentó Nora Vargas, representante de la mesa directiva de Southwestern College. “Si algo te demuestra que no está bien esto es que lo están haciendo a puerta cerrada, si esto no fuera malo lo estarían haciendo en público y escuchando a la comunidad”, consideró.

Para Vargas, el condado estaría enviando un mensaje equivocado, ya que a su parecer “no reflejaría los valores ni los principios” de las comunidades de San Diego.

Luego de la movilización de activistas locales, Kristin Gaspar, presidenta de la Junta de Supervisores, insistió en que el eje de este debate es la seguridad pública.

“He expresado mi apoyo a la defensa de la ley y la protección de los 3.5 millones de personas que llaman hogar a San Diego”, señaló a través de un comunicado.

“Este problema ya se decidió en 2012 cuando el Departamento de Justicia y el Tribunal Supremo liderado por (el presidente) Obama determinaron que las leyes locales no pueden anular la ley federal”, agregó la supervisora quien dijo analizarán todas sus opciones en la sesión de la próxima semana.

En una entrevista para la cadena Fox News, la supervisora Dianne Jacob dijo estar “cautelosamente optimista” de que la junta votará 3-2 en apoyo a la demanda del gobierno federal.

La preocupación de los opositores a la SB-54, incluyendo el mismo presidente Donald Trump, es que dichas regulaciones puedan derivar en la liberación de “criminales” al no ser entregados a las agencias de inmigración.

Este argumento ha sido rechazado por activistas, al considerar que criminaliza a comunidades migrantes. Para ellos, esta iniciativa permite que personas indocumentadas no pierdan la confianza de los departamentos de policía y sientan tranquilidad al denunciar delitos.

Otro objetivo de la SB-54 es prevenir la deportación de personas que no han cometido delitos serios.

“Las fuerzas del orden de California no deberían utilizarse para ayudar con las deportaciones masivas de inmigración”, comentó el exjefe de la Asociación de Policías de California, David Bejarano.

Activistas han solicitado el apoyo a la comunidad para que llamen a sus supervisores del condado y expresen su sentir sobre la propuesta antes de que sea votada el próximo 17 de abril.