El pastor Albert Rivera, coordinador de un refugio para migrantes en Tijuana, denunció que en los últimos dos meses y medio, seis adolescentes centroamericanas han desaparecido luego de que un traficante de personas las convenció de seguirlo para cruzar la frontera por módicas tarifas.

“El traficante vivía aquí con nosotros, en el refugio, desde diciembre, por eso pensamos que estaba infiltrado para desaparecer a las jovencitas”, dijo el pastor.

Dos migrantes salvadoreñas de 13 y 17 años de edad confirmaron que el sujeto, de nacionalidad guatemalteca y con visa humanitaria en México, convenció a las jovencitas para que salieran del albergue y lo siguieran presuntamente a la frontera.

“Nos hacía plática de música que nos gusta, nos prestaba su celular para usar el Facebook unas horas y nos traía regalos de la tienda y luego nos comenzaba a hablar de que cobraba 1000 pesos por cruzarnos la frontera”, dijo la mayor de las dos migrantes salvadoreñas.

La menor notó que “se acercaba solamente a las niñas, primero a una de ellas y se le ganaba la confianza y luego ya, por medio de ella, a otras”.

Luego de que las menores desaparecieron, el hombre regresó al refugio Ágape en el vecindario de El Jibarito en Tijuana y aunque la menores testigos todavía no lo señalaban, un matrimonio hondureño lo reconoció como un traficante que les había cobrado por cruzarlos la frontera, pero los abandonó en las montañas de Otay.

En ese momento llamaron a la policía. Lo entretuvieron dentro del refugio y cuando un policía se presentó, ignoró los testimonios de los migrantes, incluidos los de las menores salvadoreñas, se llevó al sospechoso guatemalteco y cuando el pastor Rivera averiguó, supo que el policía solo lo acusó por hacer escándalo, con lo que salió libre a la mañana siguiente.

El pastor fue entonces ante la fiscal de la ciudad –síndico procuradora—a exigir justicia por la falta del policía. Para entonces el matrimonio hondureño que identificó al sujeto guatemalteco ya había cruzado la frontera para entrevista de asilo. La fiscal dijo que los únicos testimonios eran improcedentes porque ambas son menores de edad sin compañía de sus padres.

La pareja hondureña y otra joven que testificaron contra el guatemalteco fueron localizados en Estados Unidos pero ofrecieron volver a testificar sin regresó a México, porque dijeron temer por sus vidas porque habían sido secuestrados en territorio mexicano antes de cruzar a Estados Unidos.

“Hay quienes piensan que el policía está coludido con tráfico porque es el encargado de ir a los refugios, pero quieren desechar el caso si es corrupción porque el presidente municipal se quiere reelegir”, dijo al pastor Rivera.

Sin embargo la Procuraduría estatal de los Derechos Humanos sí se interesó por el caso y abrió un expediente – el número 1651/2019—y a partir de ahí otras autoridades tuvieron que retomar el caso.

El martes ya se había presentado al refugio personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), una dependencia de la ONU, quienes dijeron a La Prensa que mediante las menores testigos habían contactado en el sureño estado mexicano de Chiapas al padre de ambas.

Ahora la COMAR hace gestiones para que las autoridades mexicanas agilicen para el padre de las menores los permisos correspondientes para que pueda viajar cuanto antes a Tijuana.

La presencia del padre sería suficiente para que las autoridades acepten los testimonios de las dos menores quienes ya no quieren llegar a Estados Unidos, sino quedarse con su padre a vivir en Tijuana.

“Mientras tanto”, dice el pastor Albert, “tenemos a un sospechoso de tráfico y quién sabe qué más delitos que anda libre porque no hay una orden de aprehensión, y no la hay porque las únicas testigos son menores, y las autoridades no aceptan los testimonios desde Estados Unidos”.

El director de la oficina que investiga el tráfico y explotación de personas en Baja California, Héctor Alejandro Orozco Alvarado, dijo a La Prensa que mientras se intenta presentar cargos contra el guatemalteco Sebastián Nicolás Esteban, de 34 años de edad, el caso de las jóvenes desaparecidas ya conduce a algunos buenos resultados.

Su oficina solicita asistencia a la procuraduría de distrito en San Diego y a la estatal de California para un programa binacional de orientación a migrantes que se encuentran vulnerables a secuestros y engaños por su condición migratoria.

La Procuraduría General de Justicia de Baja California también iniciará una serie de charlas para los migrantes en los albergues en Tijuana.

“Ahí vamos a explicar paso por paso lo que pueden hacer en caso de que sepan o sean víctimas, para que se respeten sus derechos”, dijo el funcionario.