El número de detenciones en la frontera entre México y Estados Unidos cayó el pasado año fiscal a su nivel más bajo en los últimos 46 años, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional.

En el periodo entre octubre de 2016 y septiembre de 2017, se registraron 310 mil 531 detenciones en la franja fronteriza, lo que representa una disminución del 25 por ciento en comparación al año fiscal anterior y el número más bajo desde 1971.

En específico, el flujo migratorio disminuyó considerablemente desde que inició la gestión del presidente Donald Trump. En el periodo entre el 20 de enero -fecha en que tomó posesión- y abril, se reportó el menor número de detenciones en la historia para el sector.

El número de arrestos incluyen tanto quienes cruzaron la frontera sin documentos como quienes se entregaron a oficiales para solicitar asilo político.

Pese a que la estadística podría contradecir la necesidad de construir un nuevo muro entre México y Estados Unidos para frenar el cruce de indocumentados, autoridades federales insisten en el proyecto.

“En esta sociedad y en nuestra vida, utilizamos muros y bardas para proteger cosas, no debería ser distinto en la frontera”, expresó en rueda de prensa, Ron Vitiello, subcomisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

“Todavía estamos arrestando casi a mil personas al día que cruza la frontera, en su mayoría de la frontera sur, así que queremos tener mayor capacidad, más agentes, necesitamos más tecnología y queremos esa barrera para tener un ambiente más seguro”, agregó.

Hasta ahora, y pese a que ya se evalúan sus ocho prototipos, el Congreso de Estados Unidos no ha destinado presupuesto para la construcción del muro fronterizo que se estima podría costar por lo menos 21 mil millones de dólares.

Pedro Ríos, director del Comité de Amigos Americanos en San Diego, considera que las cifras reveladas por el gobierno federal evidencian que este proyecto sería un derroche de dinero.

“No se puede justificar el muro cuando vemos que el número de personas que está ingresando al país desmiente la retórica antiinmigrante del presidente y su administración”, mencionó. “La idea de que hay un descontrol de personas, que no hay forma de frenar la inmigración irregular es completamente falsa”.

La disminución del flujo migratorio pudo deberse a que las condiciones han mejorado en los países de origen de inmigrantes o a la retórica de intimidación del presidente de Estados Unidos, entre otros factores, consideró el activista.

Pero mientras las detenciones en la frontera fueron a la baja, el número de arrestos de indocumentados en Estados Unidos por parte de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) aumentó en un 40 por ciento desde la llegada de la actual administración.

En los primeros nueve meses del año, autoridades detuvieron a poco más de 110 mil inmigrantes en el país, un aumento del 42 por ciento en comparación al año anterior.

La mayoría de las aprehensiones ocurrieron en ciudades alejadas a la frontera. En el caso de San Diego, no se han registrado redadas o detenciones fuera de lo habitual, subrayó Pedro Ríos.

En parte, puede deberse a que estados como California cuentan con más mecanismos de seguridad para las comunidades migrantes, mismos que serán más evidentes a partir del próximo año en que entre en vigor la ley SB-54.

Sin embargo, activistas piden a inmigrantes no bajar la guardia, sobre todo ante el incremento de detenciones a nivel nacional.

“Con más razón la población migrante debe de conocer cuáles son sus derechos, debe de saber cuáles son las recomendaciones de cómo actuar en caso de redada para minimizar su riesgo de ser deportados”, dijo el activista.

Por su parte, la cónsul general de México en San Diego, Marcela Celorio, señaló que ante la incertidumbre generada por el endurecimiento de políticas migratorias se duplicaron los esfuerzos por mantener informados sobre sus derechos a connacionales que residen en el condado.

También, se reforzó la relación con agencias de seguridad, mencionó.

“Al menos en el condado de San Diego no hemos ningún caso en el que se haya presentado una violación de derechos humanos y sí tenemos esa coordinación para que en el caso de que hubiera alguna situación que no queremos que suceda, podamos ejercer la protección de asistencia consular”.