El gobierno de Estados Unidos entregó a los niños migrantes menores de cinco años que fueron elegibles para regresar con sus padres tras haber sido separados en la frontera, y ahora, trabaja a contrarreloj para hacer lo propio con otros 2 mil menores que continúan bajo su cuidado.

El juez de San Diego Dana Sabraw había dado hasta el martes 10 de julio para que la administración del presidente Donald Trump reuniera con sus padres a todos los niños menores de cinco años y hasta el 26 de julio para otros 2 mil niños entre los cinco y 17 años.

Si bien, el gobierno entregó hasta la mañana del jueves a 57 de 103 niños que identificó dentro de la primera categoría, lo hizo fuera del plazo establecido por la corte.

Los 46 menores restantes no fueron enviados con sus padres por una variedad de razones, entre ellas, que no se demostró parentesco con los adultos con que viajaban, los padres enfrentaban cargos criminales o ya habían sido deportados por lo que la reunificación será más tardía.

“Durante todo el proceso de reunificación, nuestra meta fue el bienestar de los niños y regresarlos a un ambiente seguro”, señalaron los titulares de los Departamentos de Justicia, Salud y Servicios Humanos y Seguridad Nacional en un comunicado conjunto.

“Nuestros cuidadosos procedimientos de investigación ayudaron a prevenir la reunificación de niños con un presunto asesino, un adulto condenado por crueldad infantil y casos en que se encontró que los adultos no eran los padres de los menores”, precisaron las tres agencias, quienes reconocieron aún queda un arduo trabajo para reunificar al resto de las familias que se beneficiarán de la orden judicial.

Por su parte, los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles, organismo que entabló la demanda colectiva en nombre de inmigrantes que fueron separados de sus hijos, adelantó que evalúa recomendar sanciones hacia el gobierno dado que incumplió en cumplir el mandato dentro del periodo impuesto por el juez.

“Si realmente los 57 niños han sido reunificados debido a la demanda, no podemos estar más felices por estas familias”, expresó Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de la ACLU.

“Pero que no haya duda, el gobierno falló en la fecha límite incluso para estos 57 años. En consecuencia, para el final del día (jueves) decidiremos qué remedios recomendar ante el tribunal por este incumplimiento”, agregó.

La ACLU ha denunciado que la demora respondió a que la administración federal carecía de un plan para reunificar estas familias previo al mandato de la corte. “No sólo (el gobierno) separó a niños de sus padres, pero ni siquiera se molestaron en establecer un sistema para rastrear a las familias”, criticó Gelernt en una rueda de prensa esta semana.

Para el abogado, fue a raíz de que el juez se involucró en el proceso de cumplimiento y dejó claro que no pretendía mover los plazos establecidos en el mandato judicial que se empezó a ver un “progreso” por parte del gobierno para reunificar a todas las familias.

“Estamos de acuerdo con el juez en que parece que las cosas van ahora en la dirección correcta, pero vamos a estar monitoreando todos los días”, agregó.

Por lo pronto, ambas partes regresarán a la corte de San Diego este viernes, en donde el gobierno deberá justificar la demora para cumplir con el primer plazo a la par de detallar el plan para entregar a los 2 mil niños restantes antes del 26 de julio.

Mientras tanto, activistas defensores de derechos humanos han manifestado su molestia con esta práctica que se agudizó a raíz de que la Casa Blanca adoptó una política de “cero tolerancia” en contra de inmigrantes indocumentados.

“Si (esta demanda) no hubiera ocurrido, este gobierno tal vez se hubiera puesto más agresivo en contra de las comunidades”, consideró Benjamín Prado, activista con el Comité de Amigos Americanos de San Diego. “Esto por lo menos les puso un alto importante para asegurar que las familias sean reunificadas”.