Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, visitó esta semana la frontera entre San Diego y Tijuana, en donde insistió en que ningún inmigrante de la caravana podrá ingresar ilegalmente al país y de ser así, serán inmediatamente arrestados y deportados.

“Que no haya duda. Lo decimos muy serios. No van a entrar a nuestro país ilegalmente”, sostuvo la funcionaria posterior a observar los trabajos de reforzamiento en la barda que divide a los dos países, misma en la que se colocaron mallas de alambre concertina para prevenir el cruce de indocumentados.

Nielsen, criticó a quienes consideran que las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense en respuesta a la caravana son una exageración, ya que dijo, anticipan la llegada de por lo menos 8,000 inmigrantes, quienes se anticipa solicitarán asilo político a Estados Unidos.

La titular de DHS, dijo tener conocimiento de unos 6,200 inmigrantes que esperan en la vecina ciudad de Tijuana y 3,000 más que hacen lo propio desde Mexicali. “La crisis es real y está justo detrás de este muro”, comentó.

También, dijo que han identificado a “por lo menos” 500 individuos dentro de esta caravana que tendrían vínculos con asociaciones delictivas, aunque no aclaró cómo se obtuvo dicha información.
Para ello, recordó los disturbios violentos registrados en la frontera entre Guatemala y México, entre los cuales, varios inmigrantes habrían ingresado sin ser propiamente identificados.

La visita se dio un día después de que un juez federal bloqueara temporalmente una orden del presidente estadounidense Donald Trump con la que pretendía negar la posibilidad de obtener asilo a las personas que entren ilegalmente al país.

El fallo se dio en respuesta a una demanda interpuesta por organizaciones defensoras de derechos humanos que argumentaron que la ley concede esta posibilidad a cualquiera que entre a país, sin importar si lo hace con o sin documentos.

Nielsen se dijo “decepcionada” por el fallo que consideró “restará seguridad a Estados Unidos”.
“Esta es una resolución peligrosa”, mencionó la funcionaria, quien dijo tener confianza en que se revocará una vez que sea apelada en tribunales.

A su parecer, algunos integrantes de la caravana están abusando de “nuestro sistema generoso de asilo”, e hizo notar que evaluarán cada solicitud.

“La caravana no le a alguien un derecho especial para ingresar al país. Miembros de la caravana tendrán que esperar a final de la fila de aquellos que ya están esperando ser procesados en nuestros puertos de entrada”, comentó Nielsen.

Como parte del denominado Operativo Línea Segura, el gobierno federal ordenó el despliegue de miles de tropas para resguardar la frontera con México, incluyendo 1,300 en California.

Dentro de sus funciones, apoyaron en la instalación de alambre de púas a lo largo de la línea divisoria, tanto en la barda que separa Imperial Beach y Tijuana, como en los alrededores de las garitas de San Ysidro y Otay Mesa.

En respuesta a reportes que indicaban que integrantes de la caravana podrían intentar cruzar masivamente, fue que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cerró por espacio de tres horas el cruce vehicular en San Ysidro para la instalación de más equipo de seguridad.

Esta medida fue criticada por el sector comercial, ya que consideran atenta contra la dinámica económica de la región.

Karim Bouris, director ejecutivo del grupo Negocios por el Bien de San Diego, consideró que este reforzamiento es “un desperdicio de dinero público”, dado que las medidas actuales de seguridad “son suficientes”.