Comentario:
Por Claudio Paolillo

El periodista Quitzé Fernández estaba en la redacción de su periódico, “El Guardián” de Saltillo, cuando recibió una llamada del representante de un capo mafioso mexicano y escuchó: “O vienes o vamos por ti”. Al poco rato, Fernández se vio rodeado por fascinerosos armados con rifles de asalto y granadas, con la punta de un fusil clavada en sus costillas y un cuchillo en la garganta. El capo se había disgustado con noticias de “El Guardián” y amenazó con matarlo. Lo soltaron y pudo contar el cuento. Pero ya nada fue igual en “El Guardián”.

Saltillo es la capital de Coahuila, uno de los estados mexicanos fronterizo con Estados Unidos, azotados por el cáncer del narcotráfico. Javier Garza es director de “El Siglo” de Torreón, otra ciudad de Coahuila. Los narcos han hostigado reiteradamente a su diario con bombas y ráfagas de metralleta. En febrero, cinco empleados de “El Siglo” fueron secuestrados. Y menos de un mes después, el diario sufrió otro ataque sangriento a plena luz del día. Murió una persona y varias resultaron heridas. Todo, lo de “El Guardián” y lo de “El Siglo”, permanece en la más absoluta impunidad.

“Los grupos (de criminales) saben que los ataques previos contra medios de comunicación, no sólo aquí sino en otras partes del país, han quedado impunes. Esa impunidad es el combustible que alimenta los ataques que recibimos”, dice Garza con convicción.

Estos y otros terribles ejemplos marcan el día a día de cientos de periodistas mexicanos. A pesar de todos los esfuerzos, declaraciones, leyes y decretos, la violencia contra los reporteros en México no sólo no ha disminuido un ápice, sino que ha provocado un aumento de su vulnerabilidad y la autocensura en las redacciones. En los pasillos del hotel donde se desarrolló en marzo la Asamblea de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), un editor me confesó que su periódico desistió hace tiempo de cubrir las andanzas delictivas de los narcos. “Resolvimos vivir”, aceptó con resignación.

En los últimos seis meses, dos periodistas fueron asesinados y uno desapareció. Desde la creación en octubre del Consejo Consultivo de un Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, una docena de reporteros pidieron ser protegidos por el Estado: tres en México DF, dos en Oaxaca, dos en Baja California, uno en Michoacán, uno en Zacatecas, uno Guerrero y otro en Tamaulipas. El gobierno destinó más de U$S 3.000.000 para garantizar la vida de esos periodistas y sus familias.

Según la SIP, el 12 de febrero integrantes del crimen organizado iniciaron el reparto de volantes y colocaron carteles en los que piden la colaboración de los mexicanos comunes y corrientes, a quienes ofrecen “recompensas” de 600 mil pesos para localizar al administrador del sitio de Facebook “Valor por Tamaulipas”. Sin ambages y con insultos, los delincuentes advierten que buscan callar a quienes publican noticias sobre situaciones de riesgo por enfrentamientos entre cárteles rivales e instituciones de seguridad. Las amenazas se extienden familiares directos, padres, hermanos, hijos o esposa del administrador de ese sitio. La impunidad es tal, que los volantes y las mantas contienen números telefónicos para que quienes quieran aportar información se comuniquen directamente con los mafiosos. Esto es: también la policía, los jueces y los fiscales pueden rastrear fácilmente a los delincuentes. Pero, por una razón u otra, ellos siguen libres. El cártel de los Zetas y el cártel del Golfo operan en ese estado.

El 3 de marzo Jaime Guadalupe González se convirtió en el primer periodista mexicano asesinado en 2013. Y en el primero del sexenio del flamante presidente Enrique Peña Nieto. González era reportero y director del medio digital “Ojinaga Noticias”, en Chihuahua. Recibió 18 balazos en pleno centro de Ojinaga. Al día siguiente, “Ojinaga Noticias” informó que la muerte del director sería su última noticia. Apenas 48 horas más tarde, una camioneta con sujetos armados irrumpió en el estacionamiento de “El Diario”, de Ciudad Juárez. Dispararon siete veces contra la fachada y entrada principal del lugar. “El Diario” vio morir a dos de sus periodistas en los últimos años, asesinados por bandas de narcos: Armando Rodríguez Carreón (2008) y Luis Carlos Santiago (2010).

Antes, el 26 de enero, el director del diario “El Mundo” de Orizaba fue privado de su libertad, torturado física y psicológicamente y amenazado con armas. Al periodista lo subieron a un vehículo, lo sometieron, lo encañonaron y lo llevaron con rumbo desconocido. Ya lo habían conminado a no meterse con intereses de la delincuencia organizada, controlada por gobernantes y ex funcionarios.

Todo esto es apenas una muestra de lo último ocurrido en México, particularmente en Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua y Veracruz. Casi nadie investiga nada. Casi nadie es detenido. Casi nadie es juzgado. Y casi nadie va preso. El 95% de los asesinatos de periodistas ocurridos en la última década permanecen irresueltos. No es posible un estado de impunidad semejante sin la complicidad de funcionarios de los gobiernos locales, grupos políticos o intereses económicos.

El gobierno federal tiene la obligación de actuar en serio. De otro modo, no sólo continuará la sangría sino que el pueblo mexicano seguirá ignorando lo que ocurre en su propio país a raíz de la censura y la autocensura impuestas por las acciones de los criminales.

El autor es periodista, Director del semanario uruguayo Búsqueda y Presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.