A finales de mayo del presente año se dio a conocer la demanda interpuesta por ex migrantes de la Coordinadora Binacional de Ex Braceros, quienes recibieron asesoría legal del abogado Porfirio González Martínez. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con sede en la Ciudad de México, concedió un amparo a miles de viejos ex braceros de los estados de Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas, con lo que el Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados estarían obligados a darle continuidad a los pagos del Fideicomiso de apoyo social, que a partir de finales del año 2012 dejó de operar, y que en 2013 fue excluido del Presupuesto de Egresos de ese año.

Los braceros, migrantes temporales que desde 1942 hasta 1964 trabajaron en los campos agrícolas y ferrocarriles estadounidenses, desde hace más de 15 años buscan la restitución de un dinero que en su momento se les descontó, y nunca se les regresó integró.

En estos años, la diversificación de las protestas ha sido un rasgo característico de esta movilización social. A sus férreas acciones ante el gobierno federal mexicano, ante gobiernos estatales e incluso locales, le han sumado algunas demandas jurídicas, dentro de las que se incierta el presente amparo.

Mediante esta demanda pues, el Gobierno Federal mexicano, a pesar de no haber asignado recursos a los ex braceros durante el año 2013, tendría que pagar mil 523 millones de pesos a 40 mil 87 de ellos. Se prevé además que, a pesar de que el amparo no fue firmado por los más de 40 mil trabajadores que aún no reciben su apoyo social, podría beneficiar a todos los afectados ya que, aunque la demanda fue interpuesta por personas de las entidades antes mencionadas, de llevarse a cabo dichos pagos, el gobierno federal estaría obligado a proceder del mismo modo con otros miles de ex braceros de México y de Estados Unidos.

Pero esta no es la primera vez que Porfirio Martínez le brinda asesoría jurídica a un grupo de ex braceros. Es importante tener en cuenta la ocasión anterior que lo hizo, pues dicha acción no terminó de forma muy favorable.

Con objeto de luchar contra las tardanzas en los pagos, el carácter restrictivo de la Ley del Fideicomiso, y buscar el pago de 100 mil pesos para cada ex bracero; en el año 2006 la Asamblea Nacional de Adultos Mayores (ANAM) encabezada por Ventura Gutiérrez, contrató los servicios de un despacho jurídico representado por Porfirio González Martínez (cuya oficina se ubicaba en la Avenida Independencia No. 101-36, en el centro de la Ciudad de México).

El proceso jurídico mediante el “Amparo Indirecto” como fue conocido, inició desde el 2 de mayo de ese año y fue dirigido al Juez de Distrito en materia administrativa del Distrito Federal en turno, por el “licenciado Porfirio”. Al principio, Ventura Gutiérrez quien fue de los férreos defensores e impulsores de esta acción, proyectaba que entrarían al amparo al menos 10 mil personas, aunque con los años y la propaganda que se realizó, se superó la expectativa y se ampararon alrededor de 18 mil personas en toda la República y en Estados Unidos.

Lo complicado para las personas en esta demanda, fue que para poder ampararse cada ex bracero, viuda, o hijo de ex bracero tenía que pagar 500 pesos por el trámite. Un cálculo rápido nos arroja un aproximado de 9 millones de pesos como producto de las cuotas aportadas por los agremiados de la ANAM para poder emprender dicha demanda jurídica.

No obstante, lo penoso del asunto fue que todo quedó en una gran idea, pues al final de cuentas, ni el personal de la Secretaría de Gobernación aceptó la existencia de la documentación requerida por los demandantes, y por otro lado, la demanda no progresó y el abogado recibió como pago miles de pesos, por un amparo que no prosperó.

Es importante tener en cuenta el anterior antecedente, pues vale la pena preguntarse: ¿El amparo es la vía apropiada para que los ex braceros logren sus objetivos? Tomemos en cuenta que se trata de personas de la tercera edad, que con los años han perdido fuerza física para manifestarse férreamente ante plazas públicas, calles y dependencias gubernamentales como antes lo hacían. En efecto, quizá la lucha jurídica sea el futuro de su protesta.

En definitiva, no se desestima la finalidad del amparo que consiste en lograr que cada ex bracero pueda obtener su pago de 38 mil pesos. Sin embargo, hay varios elementos negativos en este tipo de demandas; en primer lugar, que los líderes organizadores se ven casi obligados a pedir cuotas a las personas para poder costear el amparo y al abogado que los asesora. Además, como llegó a suceder en el amparo del 2007, algunos líderes echaron mano de los recursos aportados por los viejos ex braceros, lo que resultaría muy penoso si volviera a suceder. Y por si fuera poco, se sabe que desde marzo de este año el Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia mediante la cual el Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados estarían obligados a darle continuidad a los pagos del Fideicomiso, y con ello beneficiar a los amparados de Aguascalientes, Zacatecas y Jalisco.

Sin embargo, dichas instancias gubernamentales contestaron mediante un Recurso de Inejecución para que no procediera dicho pago.

Tras meses de zozobra, apenas el mes anterior el Poder Judicial de la Federación emitió un nuevo fallo en favor de los 4 mil ex braceros amparados. Por lo cual, en teoría, el gobierno federal mexicano no tendría escusa y debería de liquidar las cantidades de 38 mil pesos a los demandantes.

Por todo lo anterior, los alcances de este amparo aún están por develarse. Sin duda, de hacerse efectiva esta sentencia, estaríamos ante una victoria más de estos viejos ex migrantes, que más de cinco décadas después de haber laborado temporalmente en Estados Unidos, continúan con arrojo su protesta, y luchan por dignidad y justicia.