Sin cumplir un mes de desempeño, la nueva administración gubernamental genera todo tipo de expectativas: buenas y malas. Como en el “tsunami electoral” de julio pasado, donde arrasó Morena y López Obrador el mercado electoral, ahora se vive un “tsunami administrativo”, que no deja institución con cabeza.

López Obrador engaño con la verdad. Ofreció emprender una cuarta trasformación, y está empeñado obsesivamente en ese propósito. Las tres transformaciones anteriores (la independencia, la reforma y la revolución) estuvieron caracterizadas, contextualizadas y desarrolladas en escenarios bélicos. La cuarta transformación no se encuentra amenazada por ese riesgo, hasta ahora, pero en los hechos se percibe la intención de llevar a cabo un desmantelamiento pacífico de las instituciones establecidas.

Con el pretexto de enfrentar los efectos nocivos del neoliberalismo, la nueva corriente se toma la libertad de satanizar a los impulsores de esa manera de entender y encauzar la función del Estado. El punto es que la solución que se ofrece es obsoleta e inviable, regresar al pasado, a un tiempo en el que tampoco se lograron crear círculos virtuosos para transitar al desarrollo compartido. El país en nada se parece al de los años sesentas y setentas. Lo población se ha más que duplicado, la sobre explotación de los recursos naturales ha sido ominosa y el tejido social está deshilvanado.

El presidente López Obrador culpa a la corrupción y a la impunidad como causantes de todo males y no le falta razón. Pero también hay otras variables que deben ser incorporadas en el análisis. Por lo pronto, la falta de un plan rector que permita orientar la ruta del mediano y largo plazo que se busca construir; los cómo y los con qué.

Las jornadas de trabajo de la nueva burocracia inician de madrugada, lanzando cualquier cantidad de epítetos contra administraciones y funcionarios del pasado. Pero también, discursos amenazantes con los que se busca señalar y combatir a los causantes del deterioro, según su propio entender. En ellos van empresarios, cualquiera que sea su rama de actividad y antecedentes (banqueros, industriales, comerciantes, constructores y otros), poderes de contra peso como el Judicial y organismos independientes como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto de Evaluación Educativa o la Comisión de los Derechos Humanos. No se tientan la mano para activar la guillotina popular.

Lo grave del tema es que su propio equipo de trabajo luce novato, indisciplinado, inexperto y arrogante. Cosa de escuchar a los líderes de las cámaras legislativas que no cuidan los procesos democráticos para lanzar toda clase de acciones disparatadas y retrogradas.

La reducción de sueldos y prestaciones es, además de impopular, inconstitucional y absurda un despropósito; demagogia pura. En el manual más elemental de manejo de recursos humanos se advierte que es obligado generar incentivos para incrementar el rendimiento laboral. No se nos malentienda, no hablamos de las prebendas a los altos funcionarios, a los que hoy se les tiende la mano de impunidad protectora (Peña, Ruiz Esparza, Rosario Robles, Luis Miranda, Alfredo Castillo y tantos más), si no a los miles de empleados que no han sido reconocidos en sus esfuerzos y ahora se les amenaza con el despido para dar entrada a las cuotas de campaña y amiguismos. Las nóminas públicas se llenan con allegados a los que se les prometieron las mieles del triunfo.

El timón está en manos de marineros inexpertos que sin brújula se lanzan a un destino incierto, y lo más preocupante a una posible catástrofe que nadie desea. La historia está llena de esos intentos fallidos. Por el bien de México, ojalá López Obrador se contenga y reoriente su proyecto y modo de gobernar, del que hasta ahora poco hay que reconocer.