Uno de los temas acalorados de debate público tiene que ver con las cárceles, que lejos de ser lugares de rehabilitación o tratamiento de adicciones se han vuelto un lugar de hacinamiento, violencia y gasto público tanto en California como a Baja California.

 Con más de 150 mil presos, el sistema carcelario de California se encuentra saturado y se ha determinado que se debe de liberar a por lo menos 40 mil internos a partir de octubre de este año, lo cual además de beneficiar a los reos física y mentalmente, podría significar un ahorro para el estado de mil 200 millones de dólares anuales.

 Se prevé que muchos de estos ex/convictos sean deportados vía Baja California hacia México, debido a su estatus migratorio;  la mayoría pertenecen a pandillas de la cárcel, tiene pasados violentos, problemas de adicción a las drogas y a pesar de su estatus migratorio pueden no haber siquiera pisado México en su vida adulta.

 Esto ha preocupado a ciudadanos y autoridades del Baja California, ya que las deportaciones masivas de ex/presidiarios llega en un momento critico, en el sistema estatal penitenciario del estado enfrenta una sobrepoblación de 35%, se ha incrementado el número de arrestos y se acerca un periodo de cambios en el sistema de justicia en el que los procesos serán orales.

“La decisión de liberar estos reos definitivamente tendrá repercusiones en la seguridad de esta frontera, en la que ya tenemos una situación difícil”, dijo el procurador de justicia de Baja California, Rommel Moreno Manjarrez.

 Las autoridades de Justicia de California admitieron que la eventual deportación de convictos y ex convictos a esta entidad generará problemas de inseguridad en ambos lados de la frontera, por lo que acordaron con sus contrapartes de Baja California hacer una especie de “fichaje” de quienes estén en esta situación.

 Moreno Manjarrez y su homólogo de California, Jerry Brown, aceptó instalar una mesa de trabajo para buscar alternativas que permitan reducir la problemática que podría suscitarse, incluso se ha hablado de pedir una relación de los deportados y sus perfiles delictivos, expedientes y huellas digitales.

Un sistema deficiente y al borde

 En Baja California existe una población penitenciaria de alrededor de 18,600 reos en cinco penales; algunos como el de La Mesa en Tijuana y el de Mexicali tienen una sobrepoblación que obliga hasta a 26 reos a permanecer en pequeñas celdas diseñadas para 6.

 El 80% de los reos del estado tienen problemas de adicción a las drogas y aproximadamente 55% provienen de otras entidades, —Sinaloa, Sonora y Michoacán principalmente—, por lo que no reciben visitas y tienen poco contacto familiar.

Hasta ahora no existen programas productivos en los penales que permitan la ocupación y mantenimiento de la mayoría de los reos. Apenas en el penal del Hongo, cercano a Tecate se tiene dentro del penal una fábrica de muebles de oficina y una empresa textil, que emplean a 500 de los 3,500 reos de esta prisión.

 Estas circunstancias, aunadas a una corrupción generalizada entre custodios y reportes constantes de maltrato y comida podrida han contribuido a una serie de motines en los penales del estado.

 Los más conocidos y violentos ocurrieron exactamente un año, el 13 y 17 de septiembre, cuando los custodios asesinaron a golpes a un reo de solo 19 años, provocando un motín generalizado en el que 9 mil reos del penal de La Mesa, en Tijuana, tomaron la cárcel y lograron quemar una parte de las instalaciones.

 Desde entonces se ha iniciado la construcción de nuevos edificios en el penal del Hongo para disminuir la sobrepoblación penitenciaria hasta 22%; el nuevo complejo incluye la construcción de 12 naves industriales y la atracción de proyectos productivos.

 Se ha puesto en marcha una iniciativa para hacer traslados de los reos a sus lugares de origen y el Secretario de Seguridad Publica, Daniel de la Rosa Anaya explica que se han entrenado 220 custodios nuevos y se ha mejorado el trato a las visitas.

 Pero las autoridades del sistema penitenciario parecen no considerar graves los casos documentados de abuso y maltrato por parte de custodios.

 “[Respecto a las acusaciones de abuso], hay que recordar que muchos de ellos [los reos] están en contra  del orden y van a argumentar malos tratos obviamente para ganar ciertos privilegios dentro de los penales y eso no se va a permitir” sentenció De La Rosa.

 Pero el activista de los derechos humanos y antropólogo Víctor Clark Alfaro, considera que el acceso a la justicia y el trato digno son piezas clave para despresurizar el sistema penitenciario del estado.

 “El abuso y maltrato de los internos es un factor determinante en estos casos” explica el activista de los derechos humanos y antropólogo Víctor Clark Alfaro, “puedes tener un penal sobre poblado pero si el director y custodios tienen trato humano ellos responden, pero saturado y le agregas torturas, castigo sobre castigo y mala la comida y tu mismo como autoridad estás propiciando un motín”.