El horizonte electoral del 2018 ofrece una imagen delicada y cada vez más preocupante. La actual administración ha deteriorado las relaciones entre los distintos niveles y órdenes de gobierno al grado de cada quien empuja en distintos sentidos e intereses.

Las cámaras legislativas están dedicadas, sin ninguna recato, a proteger intereses partidistas que responden prioritariamente a objetivos electorales. Lo mismo para resolver asuntos de simple trámite como los nombramientos que se encuentran vacantes en el poder judicial, en la institución que persigue delitos federales y en diferentes dependencias del ejecutivo. Hoy no tenemos fiscal general, varios magistrados y funcionarios responsables de áreas fundamentales.

En materia del federalismo, nunca se había observado tan graves desarreglos a partir de que la Secretaria de Hacienda decide, en forma discrecional, la distribución de los recursos públicos. Por una parte, favorece a los Estados y municipios en donde el partido en el poder enfrenta elecciones y necesita conserva el poder, mientras que en los gobernados por la oposición, les regatea el envío de fondos con argumentos que no tienen sustento legal.

Escuchar las erráticas justificaciones de los funcionarios para explicar sus decisiones es un galimatías en los que se dirimen, inclusive, contradicciones entre las mismas partes. Y cotidianamente se alimenta el discurso electoral con cualquier cantidad de epítetos en los que se pone en tela de duda la moralidad de los actores políticos sin ningún consideración o respeto.

Al final de cuentas, el ciudadano es el más perjudicado en esta lucha bizantina, los servicios públicos se deterioran cada vez más, la obra pública se desvía en actos de corrupción, la inversión privada está retraída en espera de que se aclare el panorama internacional afectado por las negociaciones del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, los efectos de la reforma fiscal, la situación de los migrantes especialmente de los dreamers y la amenaza de que se escalen los conflictos en medio oriente, Corea del Norte y Venezuela, con consecuencias impredecibles.

La economía interna está afectada por las variables macroeconómicas; especialmente el tipo de cambio, una inflación que empieza a descontrolarse y la elevación de las tasas de interés; tres jinetes del apocalipsis en plena gestación. Y en la dimensión microeconómica mercado interno empieza a colapsar, las inversiones se contraen, el turismo se ve afectado por la inseguridad creciente y el sector agropecuario sujeto a los vaivenes de los precios internacionales. Súmese la incertidumbre de los precios de los combustibles y una deuda pública que está alcanzando niveles de alto riesgo.

Ante ese horizonte, es necesario que los candidatos y los partidos eleven el nivel de la competencia y se apresten a ofrecer, en serio y con responsabilidad, los programas y proyectos que tienen contemplados para el corto y mediano plazo. Una crisis de fin de sexenio pondría en grave riesgo la estabilidad social y repetir las confrontaciones que se sucedieron en los años sesenta y ochenta, e inclusive superarlas polarizando en extremo una sociedad que ya llego al límite de su paciencia.