Autoridades piden ayuda para identificar a otras victimas 

Por Marianna Martinez

    Dos personas fueron arrestadas y enfrentan 16 cargos en su contra, luego de que una investigación de más de un año de duración encontrara que estos dos sujetos realizaron una serie de fraudes en contra de la comunidad indocumentada a la que le robaron por lo menos 120 mil dólares.

    Los acusados son Armando García y Elizabeth Alcocer, quienes fueran detenidos en San Diego, California y Albaqurque Nuevo Mexico respectivamente, este pasado lunes 21 de Junio, bajo cargos de enriquecimiento ilícito, fraude y usurpar la identidad de un funcionario federal, cargos que de ser encontrados culpables, pueden signficar multas de 750 mil dólares y hasta 20 años de cárcel.

    Según la acusación formal en su contra, —formulada por autoridades de emigración a cargo de la investigación—, García, tijuanense de 58 años de edad y Alcocer de 47 años de edad, tenían una empresa llamada California Legal Services (CLS) con sede en Pico Rivera, California, la cual ofrecía servicios de regularización de estatus migratorio a migrantes indocumentados, principalmente mexicanos de la zona fronteriza del Sur de California.

    Estos sujetos se presentaban ante sus clientes potenciales a veces como como empleados activos del servicio de emigración de los Estados Unidos, otras, como abogados o simplemente hacian creer a sus víctimas que eran personas que podían influenciar el proceso de regularización migratoria por tener conocidos dentro del sistema.

    Pero ninguno de los dos ha sido empleado del gobierno federal en ninguna dependencia ni tiene facultades legales para llevar casos migratorios.

    En cambio, luego de asegurar fuertes pagos por sus servicios, los acusados enviaban solicitudes de regularización de estatus migratorio a nombre de los interesados, pero con datos falsos y declaraciones fraudulentas.

    Poco después, producían documentos falsos en los que falsificaban nombres, sellos y distintivos oficiales para fingir que autoridades migratorias aseguraban a los interesados estar revisando su caso. Incluso, como parte de la de fraude, enviaban estas cartas falsas, por correo, a los interesados, haciendoles creer que su situación migratoria estaba por regularizarce.

    Hasta el momento, se han identificado una docena de víctimas, quienes fueron defraudadas en por lo menos 120 mil dólares, en algunos casos las víctimas son grupos de hermanas, matrimonios jóvenes y personas que confiaron ciegamente en la posibilidad de regularizar su situación.

    Este tipo de casos son comunes en zonas con muchos migrantes y estos abusos se incrementan ante la espera de una reforma migratoria y un clima de incertidumbre laboral a la que se suma el creciente miedo a las redadas en centros de trabajos, como la ocurrida apenas hace un mes en el restaurante French Gourmet, cuyo dueño enfrenta cargos criminales por haber contratado indocumentados.

    Aunque solo un puñado de personas han sido identificadas como víctimas de este fraude por parte de CLS, las autoridades sospechan que el número de víctimas de fraude puede ser mucho mayor, pero que las víctimas tengan miedo de acudir a denunciar el caso, por miedo a ser deportados.

    Por ello, la fiscalía ha pedido a la comunidad que cualquier información sobre estas personas o casos de fraude, sean denunciados al teléfono (619) 550 5229, donde pueden dejar un mensaje confidencial sin identificarse plenamente, si asi lo desean.

    García, se presentará ante un juez federal la mañana del viernes y Alcocer será trasladada a esta ciudad en las próximas semanas, para enfrentar sus propios cargos.