La Administración del presidente de los Estados Unidos anunció una propuesta de cambio a las leyes de “cargos públicos”, el pasado 22 de septiembre. Con la nueva propuesta, el gobierno federal puede negarle la entrada a Estados Unidos a un individuo o cambiarle su estatus migratorio a un residente permanente legal si se determina que es probable que sean un cargo público.

Si la propuesta de cambio toma efecto, miles de inmigrantes serán afectados, lo que afectará a millones de familias inmigrantes en Estados Unidos.

Bajo la propuesta de cambio, los oficiales tomarán en cuenta el uso de ciertos programas que antes eran excluidos a consideración como Medicaid, el Programa de Asistencia de Suplemento Alimenticio, el Programa de Subsidio de bajos recursos de Medicaid Parte D, así como varios programas de asistencia de vivienda, en cuanto la determinación de cargos públicos.

El cambio es probable que reduzca la participación en Medicaid y otros programas en las familias inmigrantes que incluyen a hijos nacidos en Estados Unidos, además de los afectados directamente.

A nivel nacional, más de 19 millones o cada uno de cuatro niños (25 por ciento) vive en una familia con un padre inmigrante, y casi nueve de cada 10 de esos niños (86 por ciento) son ciudadanos de Estados Unidos.

La disminución en participación en estos programas va a contribuir en el incremento de personas que no tienen seguro médico y va a afectar de manera negativa a la estabilidad financiera y de salud de las familias así como el crecimiento y desarrollo de sus niños.

El cambio aún no es definitivo, falta que se tenga un periodo de 60 días de comentarios públicos. Y un grupo de expertos en leyes de inmigración, salud, beneficios públicos y nutrición hablaron sobre lo que va a cambiar y no va a cambiar si se tiene el cambio propuesto por la administración. El tema fue presentado en una conferencia telefónica realizada a nivel nacional por parte del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes la semana pasada. Los oradores incluyeron a representantes de Health Care for All-MA, el Comité de Servicios Africanos, y CLASP.

“Hay una manera de defendernos, y tenemos que hacerlo porque este cambio propuesto representan otro ataque de la administración hacia los inmigrantes y sus familias, así como para la clase trabajadora, y hacia la estructura que somos como una nación”, dijo Wendy Cervantes, analista en jefe de políticas en CLASP. “Millones de familias serán impactadas si se finaliza el cambio. De hecho, el Departamento de Seguridad Nacional dice en el propio anuncio que se tendrá mayor pobreza y peores resultados en salud para ciertas familias incluyendo a niños estadounidenses. La salud de los niños está ligada a la de sus padres de familia ya que si sus padres tienen hambre o están enfermos, sus hijos tendrán resultados similares al momento y en el futuro”.

Es importante saber que muchos inmigrantes no serán afectados por el cambio si llega a ser finalizado. Los inmigrantes que no estén seguros si serán afectados se les recomienda que busquen a un abogado experto en inmigración para hablar sobre su estatus.

“Esta propuesta está causando miedo en nuestra comunidad”, dijo Erin Quinn, quien es abogada y forma parte del personal en el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes. “Nosotros esperamos que se tengan cambios en la propuesta pero aunque no se tengan esos cambios y se finaliza como está la propuesta, no afectará a todas las familias inmigrantes. La propuesta de cambio solo se aplica para las personas que soliciten una Green card, o para alguien que acaba de entrar a Estados Unidos. Los residentes permanentes que busquen la naturalización no serán afectados”.

Además, el cambio aún no se ha finalizado, y el grupo de expertos pide a la comunidad que no se salgan de ningún servicio de salud que sea esencial ya que la propuesta puede tomar meses, años o incluso nunca llegar a ser ley.