Un juez federal de California bloqueó temporalmente este lunes el programa del gobierno estadunidense que enviaba a centroamericanos a Tijuana y Mexicali a esperar resultados a solicitudes de asilo.

También ordenó que algunos de los migrantes ahora en México, lo que ya se presentaron a corte bajo ese proyecto, regresen a lo inmediato a Estados Unidos.

La medida entre en vigor este viernes 12 de abril a las 5 de la tarde, hora de San Diego, Tijuana, cuando los migrantes deberán comenzar a volver, de acuerdo con la decisión del juez Richard Seeborg.

La orden obliga a regresar a parte de 1,105 centroamericanos que se encuentran en Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez bajo el programa de Protocolos de Protección a Migrantes, más conocido como Permanecer en México.

El proyecto que inició unilateralmente en enero pasado fue aceptado por razones humanitarias por el gobierno del presidente André0s Manuel López Obrador.

Hasta esta semana el proyecto incluyó a 716 migrantes enviados a Tijuana, 188 a Mexicali y 201 a Ciudad Juárez. Muchos de ellos familias.

La corte falló a favor de organizaciones nacionales que desde San Diego documentaron el proyecto.

La abogada Judy Ravinovitz, de la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu), uno de los grupos demandantes, dijo que “la corte rechazó hoy enérgicamente la política sin precedentes del gobierno del presidente Donald Trump de obligar a los solicitantes de asilo a regresar México sin escuchar sus reclamos”.

Dijo que “el gobierno de Trump no puede simplemente ignorar nuestras leyes” de asilo y migración.

Según la Aclu, el Centro Legal Sureño para la Pobreza y el Centro de Estudios de Género y Refugiados — grupos que presentaron la demanda colectiva —, el proyecto era utilizado para obstaculizar que las personas busquen asilo en los Estados Unidos.

A los primeros migrantes que fueron enviados a Tijuana a esperar fechas para audiencias ante cortes de migración les cambió el calendario una corte en San Diego, adelantó seis días las audiencias sin poder informar a los migrantes, quienes al perder las audiencias enfrentaban demandas de deportación por parte de la fiscalía.

La demanda fue interpuesta en marzo a nombre de once solicitantes de asilo y organizacionales como el Laboratorio de Derecho de Innovación, Centro de Recursos Centroamericanos del Norte de California, Centro Legal de la Raza, la Facultad de Derecho de la Universidad de San Francisco Clínica de Defensa de Inmigración y Deportación, Al Otro Lado. y el Centro de Justicia de Tahirih.

La demanda menciona que el programa viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la Ley de Procedimiento Administrativo, y recuerda a la corte que Estados Unidos está obligado por el derecho internacional y los derechos humanos a no expulsar o hacer regresar a las personas a condiciones peligrosas.

La casa Blanca reacción a través de la portavoz, Sarah Sanders, quien dijo que “Estados Unidos y México colaboran en ese programa”.

Lo cierto es que la cancillería mexicana y más tarde el director del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, dijeron que es un programa unilateral del gobierno de Estados Unidos, y que, por razones humanitarias, México aceptaba que aguardaran en su territorio migrantes que envía la administración Trump sin un acuerdo.