Un juez federal de San Diego falló a favor del gobierno estadounidense en una demanda que pretendía frenar la construcción del prometido muro fronterizo entre México y Estados Unidos.

El gobierno estatal y grupos ambientalistas interpusieron dicho recurso legal en la corte federal del distrito sur de California para evitar que la administración federal ignorara leyes ambientales en su intento por acelerar la construcción del muro.

El Juez Gonzalo Curiel, quien anteriormente fuera blanco de ataques por parte del presidente, argumentó que no hay “serias dudas constitucionales” sobre la autoridad del gobierno para hacer uso de exenciones ambientales.

“La corte no puede considerar y no considera si las decisiones subyacentes para construir las barreras fronterizas son políticamente sabias o prudentes”, se lee en el documento de más de cien páginas.
El presidente Donald Trump había criticado al juez Curiel cuando éste presidió el caso en contra de la extinta Universidad Trump, que finalmente terminó poco después de la elección en un acuerdo por 25 millones de dólares.

En aquel entonces, el mandatario había opinado que el juez, quién es originario de Indiana, no podía ser imparcial en dicho caso debido a su ascendencia mexicana, dado su plan de construir un muro con México.
Curiel nunca respondió públicamente a los embates del entonces candidato a la Casa Blanca.

Gloria Smith, abogada con el Sierra Club, uno de los grupos detrás de la demanda, lamentó la resolución de la corte al considerar que la exención de regulaciones para edificar el muro podría generar daños irreparables.
“Los efectos de estas exenciones y la destrucción de un muro fronterizo serán de larga duración y perjudiciales para las comunidades fronterizas”, expresó a través de un comunicado.

“Éstas son protecciones críticas que se pusieron en marcha por una razón, para proteger a la gente, sus comunidades y el ambiente del cual dependen”, agregó.

Los demandantes, entre los que se encontraban la Fiscalía General de California y la Comisión Costera, intentaron argumentar que el gobierno federal violó la Constitución al ignorar leyes estatales y no considerar estudios de impacto ambiental, lo que afectaría a decenas de especies que habitan en la frontera.

Por su parte, el gobierno federal sostuvo en corte que se actuó conforme a una facultad otorgada por el Congreso hace más de una década para evadir este tipo de normas cuando se trata de asuntos de seguridad nacional.

Pese al fallo del tribunal, Xavier Becerra, fiscal general de California reiteró mediante un comunicado que “seguimos firmes en nuestra creencia de que la administración de Trump está ignorando leyes que no le gustan para poder resucitar un punto de conversación de su campaña”.

“Evaluaremos todas nuestras opciones y estamos preparados para hacer lo que sea necesario para proteger a nuestra gente, nuestros valores y nuestra economía del exceso federal”, subrayó.

“Un muro medieval a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México simplemente no pertenece al siglo XXI”, concluyó.

Si bien el gobierno de Trump tiene con este fallo un obstáculo menos para la que fuera su principal promesa de campaña, la decisión del juez no significa que la construcción sea un hecho, ya que el Congreso todavía tendría que aprobar el presupuesto que se estima, asciende a los 18 mil millones de dólares.