LA COLUMNA VERTEBRAL
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Por José López Zamorano

Un dato como pocos refleja el carácter trascendental de la batalla legal sobre las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama para dar una solución temporal al caos que reina en muchos aspectos del sistema migratorio del país: en un solo día se presentaron más de una docena de mociones legales, a favor y en contra, ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans.

En favor de las medidas administrativas del presidente se pronunciaron legalmente 181 legisladores demócratas de la Cámara de Representantes, 109 profesores de leyes, agentes policiales, líderes religiosos, comunitarios y empresariales, 73 alcaldes, funcionarios públicos de 27 estados del país y los mayores sindicatos como la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) y el Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU).

Su argumento legal central es que existe suficiente precedente legal que justifica que el presidente, como titular de la rama ejecutiva, adopte medidas discrecionales en la implementación de la política migratoria, y que las acciones ejecutivas alientan un clima de confianza entre las comunidades y las agencias policiales.

En la esquina contraria se manifestaron representantes de Texas y de los otros 25 estados que se oponen a la legalización de inmigrantes indocumentados y que iniciaron el proceso legal que derivó en la decisión inicial del juez Andrew Hanen de poner en suspenso la versión ampliada del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) y su variante para adultos, el DAPA.

Desde este punto de vista, las acciones ejecutivas anunciadas por el presidente el 20 de noviembre, rebasan sus atribuciones constitucionales toda vez que no sólo representan un acto de aplicación discrecional de la ley, sino el otorgamiento de beneficios legales que no fueron autorizados por el Congreso y afectan negativamente a los estados del país.

Los jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito tienen previsto celebrar una audiencia del caso el 27 de abril, una sesión que podría ser clave en el proceso legal para determinar la legalidad y constitucionalidad de las acciones del presidente Obama, aunque aún existe para ambas partes el recurso de llevar al caso al máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia.

Debido a la trascendencia de las acciones ejecutivas para más de 4 millones de inmigrantes indocumentados que podrían resultar potencialmente beneficiados, es sumamente importante mantenerse informados del curso del proceso legal y tener en claro quienes están del lado de la comunidad de inmigrantes y quienes buscan a toda costa evitar cualquier alivio a esta crisis social y humanitaria. Esta es una responsabilidad cívica y una obligación moral.