La etapa de la ejecución comentada en la columna anterior, se completa a través de la asignación suficiente y oportuna de recursos financieros. En el presupuesto anual se deben reflejar las partidas asignadas a cada programa de acción formuladas bajo criterios de costo-beneficio social. El ejercicio de los recursos debe estar alineado a criterios de evaluación para estar en condiciones de  que se pueda verificar su correcta aplicación.

Es esté capítulo –el de la evaluación- es el que usualmente los funcionarios públicos no logran ser eficientes, ya porque incurren en subejercicios o bien se exceden en los montos autorizados, requiriendo ampliaciones para estar en condiciones de cumplir las metas comprometidas.

A partir de lo anterior, sería de esperar que se desprendieran observaciones de las autoridades responsables de calificar el desempeño. Corresponde, privilegiadamente, a la Auditoría Superior de la Federación, organismo dependiente del poder legislativo ser responsable de fincar responsabilidades por irregularidades en el ejercicio del gasto público, requiriendo aclaraciones o en su caso fincando medidas correctivas y/o penales para sancionar ejemplarmente conductas de deshonestidad. 

No menos delicada es la situación en la que la realización de la obra pública se contamina con intereses electorales. Entonces, por partida doble, se afecta el patrimonio nacional ya que la distribución de los recursos se supedita al interés político que no necesariamente responde a prioridades sociales identificadas, sino que es canalizado a grupos de interés partidario interesados en la compra de votos que corrompen la voluntad democrática. 

Las instituciones creadas para promover y garantizar la democracia han incumplido con su responsabilidad y han relajado la vigilancia de los comicios para, facciosamente, confabularse y facilitar el acceso al poder a grupos que sólo buscan satisfacer intereses mezquinos. Hoy los ciudadanos estamos obligados a exigir limpieza en las elecciones y honradez en el desempeño de la función pública. 

El próximo año se realizarán elecciones federales en México para elegir presidente de la República, renovar el congreso y definir 19 gubernaturas locales. Es oportunidad para reflexionar con seriedad y responsabilidad sobre el país que buscamos construir y seleccionar el mejor proyecto, las mejores prácticas, y ejercer el derecho del voto con el mayor grado de responsabilidad, denunciando oportunamente posibles irregularidades. Sólo así se estará en condiciones de construir la patria que deseamos, y debemos,  para garantizar la felicidad y calidad de vida de nuestros descendientes.