Por primera vez, los californianos podrían pagar un impuesto en el agua potable, esto si se llega a aprobar el Proyecto de Ley del Senado 623 (SB 623), el cual busca asegurar el acceso al agua potable para todos los californianos, llega a ser aprobado.

Esta ley establecería el Fondo de Agua Potable Segura y Económica en la Tesorería del Estado de California para asegurar el acceso al agua potable para todos los californianos al igual que asegurar la sustentabilidad a largo plazo para el servicio e infraestructura de este vital líquido.

Si el proyecto de ley es aprobado, este fondo incluiría recursos obtenidos por medio de un impuesto a los proveedores de fertilizantes y lácteos, así como un impuesto en los recibos de agua de no más de un dólar por residencia. Se anticipa que genere 140 millones de dólares por año.

“Mientras yo continuo trabajando con una gran coalición de simpatizantes para la aprobación de mi propuesta de ley 623 (SB 623), yo se que todos aplaudimos el apoyo del gobernador para las comunidades a lo largo de California que no tienen acceso a agua potable que sea segura”, dijo el senador estatal Bill Monning, quien propuso la SB 623. “Esos californianos merecen algo mejor, y yo continuaré pidiéndole a mis colegas en la Legislatura que trabajemos juntos con el gobernador para asegurar que todos los californianos tengan acceso a agua potable que sea segura”.

Este impuesto en el agua potable se encuentra en consideración bajo la SB 623 y con una iniciativa relacionada que fue propuesta por el gobernador de California, Jerry Brown. El impuesto en el agua potable ayudaría a proporcionar agua potable que esté limpia y segura en comunidades en desventaja principalmente en el Valle Central y Valle Salinas, donde operaciones agrícolas han contaminado el manto freático.

El voto de este impuesto se espera que sea a mediados de junio por parte de los legisladores estatales, aunque la propuesta puede ser extendida durante todo el verano.

Varios grupos pro-ambientales y representantes agrícolas apoyan la SB 623 mientras que los distritos de agua están en contra de esta propuesta de ley incluyendo a la Autoridad de Agua del Condado de San Diego.

“Esto sería como una nariz de un camello que se asoma bajo una carpa, que es lo que empieza como un incremento modesto pero que pronto se puede convertir en algo muy grande bajo la carpa, con programas y proyectos que luego se quieran incluir”, dijo el regidor de Encinitas Mark Muir, quien es el presidente de la Mesa Directiva de la Autoridad de Agua del Condado de San Diego y también es integrante de la Mesa Directiva del Distrito de Agua de San Dieguito. “Ya hemos visto propuestas de ley en Sacramento que agregarían hasta 15 dólares más cada mes a los recibos de agua de las residencias”.

Durante una rueda de prensa, realizada la semana pasada en el Centro de Administración del Condado, líderes de la región ofrecieron diferentes soluciones para mejorar la calidad del agua en las áreas rurales y en desventaja que se encuentran en California, sin incluir un impuesto en el agua potable para todos los residentes en uno de los estados que ya es de los más caros de toda la nación.

Entre las soluciones se incluía el obligar a los responsables de la contaminación de los mantos freáticos a pagar, mientras que otra solución sería el crear un fondo de los excedentes del presupuesto estatal para ayudar a las comunidades en necesidad de agua potable que esté limpia y segura.

“Este impuesto en el agua viola una gran política de la contaminación, que es que el contaminante responsable sea el que pague”, dijo Haney Hong, presidente y CEO de la Asociación de Contribuyentes del Condado de San Diego. “¿Por qué no recolectamos el dinero para el fondo de los responsables de la contaminación en lugar de querer cobrarle a todos los consumidores? El crear una responsabilidad desproporcionada en los contribuyentes para limpiar los mantos freáticos que fueron contaminados por otros”.

En el esfuerzo local en contra de la SB 623, más de 30 agencias y organizaciones firmaron una carta para los legisladores estatales para que no se apruebe este impuesto en el agua potable.