Desde esta semana, México está comprometido a desplegar miles de efectivos de la Guardia Nacional en su territorio, en especial en la frontera con Guatemala, para reducir o eliminar el flujo de migrantes centroamericanos, y acepta que los que esperan citas ante cortes de migración en Estados Unidos sean enviados a la frontera mexicana a esperar.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, presentó los acuerdos en una concentración popular en Tijuana que reunió a más de 7,000 personas, aunque la policía municipal calculó que fueron hasta 10,000.

Ebrard dijo que Estados Unidos y México alcanzaron esta semana un acuerdo que previno que la administración del presidente Donald Trump impusiera una tasa de aumento gradual de impuestos a partir del lunes de esta semana, el 10 de junio, del 5% con incrementos mensuales hasta llegar a 25% en octubre próximo.

Para San Diego, sin ese acuerdo “la situación habría sido muy difícil; tan solo en el mes de octubre la economía de San Diego iba a perder 930 millones de dólares, y después de ese mes habría ido muy difícil calcular las pérdidas”, dijo el congresista Mike Levin, del norte del condado.

El presidente de mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien encabezó el acto en Tijuana, había convocado a una concentración en protesta por la amenaza del presidente Trump, pero como los acuerdos se alcanzaron un día antes del evento, dijo que se trataba de una “celebración”.

Pero aunque el gobierno del presidente López Obrador intentó de presentar los acuerdos alcanzados como un gran logro, surgieron críticas, como un dibujo que circuló en redes sociales con un mapa en que la República Mexicana se ve cubierta con ladrillos, y la leyenda de que “cuando despertamos, nosotros éramos el muro” a lo largo de México.

De hecho, luego de los acuerdos el gobierno de México informó que la Guardia Nacional, que este mes inicia operaciones, cambiará su prioridad, de pelear contra el crimen organizado a primordialmente controlar la migración.

Los acuerdos bilaterales establecen comenzar a evaluar la aplicación de los acuerdos en 45 días y una revisión de cumplimientos a los 90 días, pero desde ahora hay organizaciones y dirigentes en desacuerdo.

El primero en expresar su desconcierto con los acuerdos fue el presidente el congreso mexicano, Porfirio Muñoz Ledo, del mismo partido del presidente, quien en la concentración del sábado en Tijuana fue la única voz que protestó desde el templete.

Con ayuda de su asistente, Muñoz Ledo, se aproximó al micrófono y habló de la incongruencia, “inmoral e inaceptable, el doble estándar entre la frontera norte y sur (mexicanas). Por un lado, exigimos que nos abran las puertas (en el norte) y por el otro, cerramos el paso de los centroamericanos para hacerle un favor a los estados unidos… un obscuro favor a estados unidos”.

Al día siguiente fue el Consejo Ciudadano del propio Instituto Nacional de Migración de México criticó los acuerdos y expresó su preocupación por el uso de la fuerza militar para impedir el paso de migrantes.

“Resulta alarmante que en aras de impedir los aranceles, la política migratoria del gobierno mexicano se torne hostil contra las personas migrantes y sujetas a protección internacional y se negocie bajo la premisa de favorecer intereses que lesionan los derecho, lo que es muy probable que suceda a partir del despliegue de miles de elementos de la Guardia Nacional en el sureste del país”, expresó el consejo.

Pedro Ríos, director del Comité de Servicios Amigos Americanos, dijo por su parte en San Diego que aparte de que los migrantes puedan saturar los albergues en Tijuana, el uso de militares como agentes de migración pone en peligro a los migrantes pero también al público mexicano.

“Se podría creer que es bueno usar militares para controlar civiles vulnerables, y a largo plazo se convertiría en problema cuando la sociedad trata de cambiar nuevamente la prioridad de la Guardia Nacional, porque ya no responde a enfrentar al crimen organizado”, dijo Ríos.