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COLUMNA DE INVITADA
Por Ignacio Martínez

Como residente de South Bay, conozco de primera mano lo que muchos residentes, legisladores y expertos han experimentado: que nuestras comunidades, con demasiada frecuencia, han sido ignoradas y utilizadas. La crisis de aguas negras de Tijuana es el ejemplo más evidente y doloroso de nuestra generación.

Durante décadas, hemos vivido con playas cerradas, aire tóxico, agua contaminada y el temor constante de lo que la exposición a largo plazo podría significar para la salud de nuestras familias. Mientras las agencias gubernamentales debatían interminablemente, nuestras comunidades vivían con las consecuencias.

Por eso, después de ver un reportaje en CBS 8, ¡sentí que finalmente tenía que alzar la voz! Porque ahora, tras años de frustración y retrasos, por fin está sucediendo algo diferente: un progreso real hacia la solución de la crisis de aguas negras.

Es exactamente por eso que la reciente demanda contra el operador de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de South Bay es tan exasperante. Esta demanda, y otras similares, no se basan en los hechos ni buscan resolver el problema. Son simplemente otro intento de personas ajenas a la comunidad para lucrar con el sufrimiento de las vulnerables poblaciones de South Bay.

Y en el proceso, corren el riesgo de frenar el mismísimo progreso que finalmente podría traer alivio a nuestros vecindarios.

Los Estados Unidos y México firmaron recientemente un acuerdo histórico conocido como el Acta 333, el cual detalla una serie de proyectos en ambos lados de la frontera que mejorarían drásticamente el flujo de aguas negras sin tratar provenientes de Tijuana. El financiamiento para estos proyectos ya ha sido asegurado y la construcción está en marcha.

• El compromiso de México: Ya se ha comenzado a trabajar en nuevas bombas y tuberías para desviar las aguas residuales lejos del río Tijuana y dirigirlas hacia nuevas plantas de tratamiento en toda la ciudad.
• El compromiso de EE. UU.: Se ha iniciado la expansión de la planta de South Bay para que pueda tratar significativamente más aguas negras procedentes del centro de Tijuana.

Por primera vez en décadas, una solución real está por fin a nuestro alcance. Pero en lugar de apoyar ese avance, el bufete Frantz Law Group amenaza con descarrilarlo.

Su demanda intenta culpar al operador de la planta de South Bay por la contaminación que afecta a nuestras comunidades. Eso es apuntar con el dedo en la dirección equivocada. Los propios funcionarios mexicanos han reconocido que las aguas negras que contaminan nuestras comunidades son el resultado del deficiente sistema de aguas residuales de Tijuana. Estudio tras estudio ha confirmado lo mismo.

De hecho, la planta de South Bay es la defensa principal de San Diego contra esta contaminación transfronteriza. Trata las aguas negras de Tijuana y las envía a gran distancia de la costa a través de un emisario submarino, no hacia el río Tijuana ni cerca de los vecindarios de South Bay. Sugerir lo contrario no solo es inexacto: es peligroso.

Y nosotros, los residentes de South Bay, seremos quienes paguemos el precio.

Cada dólar gastado en combatir demandas falsas es un dólar que podría haberse destinado a la construcción de tuberías y a la ampliación de la capacidad de tratamiento. Las agencias gubernamentales obligadas a participar en estos casos deben desviar su atención de la construcción para llevarla a las salas de los tribunales, ¡lo que le da a México una excusa para dar marcha atrás en sus compromisos!

Como resultado, los proyectos se ralentizan mientras los abogados discuten y el impulso desaparece. Pero las aguas negras continentales siguen fluyendo.

Seamos honestos sobre lo que está sucediendo aquí: el sufrimiento de South Bay se ha convertido en una oportunidad de negocio para estos abogados. En lugar de ayudar a solucionar el problema, están transformando el dolor de nuestras comunidades en un día de pago, mientras retrasan las obras de infraestructura que finalmente podrían traernos alivio.

Cualquiera que realmente viva aquí —que haya estado presente en las reuniones, que se haya despertado por los malos olores y que haya visto cómo este problema fue ignorado durante décadas— entiende que demandar al único operador que está limpiando el agua por nosotros no es la respuesta. Esta demanda frívola, justo en el momento exacto en que estamos más cerca que nunca de una solución real, es explotación pura y simple.

Los residentes de South Bay merecemos algo mejor.

Merecemos aire limpio para respirar y agua limpia a lo largo de nuestra costa. Merecemos playas que nuestras familias puedan disfrutar de forma segura otra vez. Merecemos soluciones que hagan avanzar a nuestras comunidades, no demandas que nos hagan retroceder.

Esta crisis fue creada por una infraestructura deficiente y solo se resolverá construyendo una mejor infraestructura. La gente de South Bay no necesita más abogados interponiéndose en el camino.

Necesitamos que las aguas negras se detengan.

Ignacio Martínez es miembro de la Coalición de Agua Limpia de South Bay (South Bay Clean Water Coalition) y residente de Imperial Beach.