Una coalición de organizaciones defensoras de derechos humanos ha presentado una queja ante el Departamento de Seguridad Nacional denunciando la separación de familias que llegan a la frontera en búsqueda de asilo político.

El documento presentado el pasado 11 de diciembre ante la Oficina de Derechos y Libertades Civiles cita el caso de 15 individuals, en su mayoría centroamericanos, que han sido separados de sus hijos una vez que se presentan ante autoridades migratorias para solicitar refugio.

“(Estos casos) demuestran una preocupante y creciente tendencia hacia la separación de familias”, subraya la queja firmada por ocho organizaciones civiles, entre ellas, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) y la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC), entre otras.

Uno de ellos cita a Javier, un hombre salvadoreño que fue separado de su hijo Rodrigo de 12 años cuando solicitaron asilo político en el cruce de San Ysidro, California el pasado 12 de noviembre.

Días después, habría sido presionado junto a otros padres para que renunciara a sus hijos, de acuerdo a la queja. Javier asegura no haber firmado ningún documento que autorizara que se llevaran a su hijo, además que se le dio un número de teléfono donde podría contactarlo, aunque hasta el momento no ha podido hacerlo.

Activistas han podido corroborar que el menor se encuentra ahora en un albergue para menores refugiados.

Este caso se suma a otro más dado a conocer por medios internacionales hace un mes, sobre el salvadoreño José Demar Fuentes, quien fue separado de su hijo Mateo de un año en el mismo cruce internacional.

Sobre este último, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) señaló que la separación se debió a que no habían podido corroborar el parentesco del menor con el inmigrante de 30 años.

La preocupación se debía a que históricamente, algunas organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas han juntado adultos con niños que no son sus hijos para “minimizar la posibilidad de ser detenidos en la frontera”, refirió ICE.

Pero activistas acusan a autoridades de inmigración de fallar a su propia política de detención que establece que se “mantendrá la unidad familiar en la mayor medida posible y siempre que no haya una exigencia legal o una clara preocupación de seguridad que requiera la separación”.

Por otro lado, también consideran se trata de una táctica por parte del gobierno federal para desalentar la llegada de familias que llegan a la frontera para solicitar asilo huyendo de la violencia que aqueja sus países de origen.

Con la queja, organizaciones piden que se “investigue y clarifique” la problemática y se cumplan las propias directrices de agencias migratorias.

Hasta el momento, el gobierno no se ha pronunciado sobre esta queja dado que se trata de una investigación pendiente.

En las últimas semanas, se ha visto un repunte de familias que han llegado a la frontera en búsqueda de asilo político. Sin embargo, autoridades reconocen que muchas de ellas no cumplirán con los lineamientos requeridos para que se les conceda refugio.

En el pasado año fiscal, cerca de 31 mil solicitudes de asilo fueron determinadas como “inadmisibles”, mientras que en lo que va del presente año fiscal, se ha hecho lo propio con más de 2,200 peticiones en el sector de San Diego y casi 9 mil 400 en toda la franja fronteriza.