El origen etimológico del término “premonición” deriva de la palabra latina “praemonitio”, que puede traducirse como “advertencia o vaticinio”.

Llegué a pensar que mi colaboración de la semana pasada se había excedido en plantear que el Presidente de la República se aprestaba a intervenir con el objetivo de manipular el proceso electoral del 2018 (una especie de “PRI-MONICIÓN”) que incluye la unción de un candidato afín, la construcción y financiamiento de una campaña, el combate a los opositores así como el control de los medios de comunicación no afines y de las autoridades electorales responsables de su planeación y ejecución. La realidad superó mi especulación, me quedé corto en mis “advertencias”.

Hemos presenciado una de las semanas más desaseadas de la política. En el imaginario social queda evidenciado que la renuncia del Procurador General de la República obedeció a razones más allá de las preocupaciones del Doctor en Derecho Raúl Cervantes Andrade de facilitar la emigración al nuevo sistema de impartición de justicia, a partir de la creación de la Fiscalía General de la Nación como entidad autónoma y profesional. Nada más equivocado.

Se ventilan en el Senado las posibles motivaciones de la remoción del Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales. Se observa que hasta los especialistas no logran ponerse de acuerdo sobre las razones y consecuencias de tal acto. Unos, con la promesa de profundizar técnicamente en el asunto, asumen que el mecanismo de destitución fue al menos irregular toda vez que el Procurador Interino no estaba facultado para tomar una medida de ese calibre, otros advierten que el único que pudo haber dictado la instrucción es el ocupante de la silla presidencial dada la gravedad que ello implicaba.

El fiscal destituido enfrenta la medida en espacios legales y comunicacionales, mientras que el posible indiciado por la investigación por los sobornos de Oberdrecht endereza toda clase argucias jurídicas para auto declararse inocente y perseguido y, más aún, considera denunciar en los tribunales al ex procurador electoral a pesar de que hay abundantes pistas que lo comprometen, por omisión o por comisión, como parte de la trama de desviación de recursos para financiar la campaña del 2012 y procesar contratos ventajosos a las firmas brasileñas.

Tengo para bien – o para mal – en mi curriculum profesional la experiencia de haber sido Director de Organización de la PGR. Me tocó la tarea de “manualizar” a la institución como parte de los trabajos de modernización de finales del sexenio de Ernesto Zedillo. La tarea fue titánica, cada área se asumía como la más importante del organigrama, de hecho cada una describía su misión y visión como si fuera una mini-procuraduría, las áreas estaban prácticamente inconexas, no había espíritu de cuerpo colegiado. Las frecuentes reorganizaciones pasaban de la fórmula determinada por funciones a la soportada en criterios de regionalización. Ninguna funcionaba en los hechos, todo era circunstancial y casuístico. De ahí que no se pueda hallar la cuadratura a esa institución; no antes, no ahora.

Pero en el fondo, lo que está en juego es el futuro del país. Es posible que el partido en el poder recurra a toda clase de medidas que le aseguren continuidad al margen de los costos políticos, económicos y sociales que ello signifique.

Ya se vivieron crisis de fin de sexenio: la de Díaz Ordaz con la fractura del tejido social, la de Luis Echeverría con el fantasma de un golpe de Estado, la de López Portillo con la ruptura del orden económico, la de Miguel de Lamadrid con la sospecha del fraude electoral, la de Carlos Salinas en un baño de sangre, la de Ernesto Zedillo con la sombra de una concertacesión, la de Fox en medio de la frivolidad y la de Felipe Calderón como un pacto a modo.

Pero en esta ocasión, lo que está en juego es algo mayor, existe el riesgo de que se descarrile el proceso y se puedan vivir indeseables consecuencias si se suman los complicados momentos de las relaciones internacionales. Estamos obligados a actuar con la mesura y seriedad que exige el momento histórico y la mejor manera es asumir responsablemente el ejercicio de la democracia efectiva.