A seis semanas de que concluyera el plazo otorgado por un juez de San Diego para que el gobierno de Estados Unidos reunificara a las familias que fueron separadas en la frontera, todavía unos 416 niños continúan alejados de sus padres, de acuerdo con un informe presentado esta semana ante la corte.

Hasta la fecha, la administración de Donald Trump ha entregado a 2 mil 181 de los 2 mil 654 menores que separó de sus padres, lo que representa un avance de 24 familias reunificadas en comparación a la semana anterior.

De los cientos de niños que se mantienen en cuidado de la Oficina de Reubicación de Refugiados, los padres de 304 de ellos ya fueron deportados por lo que el gobierno y abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) trabajan para localizarlos y hacerles saber sus opciones.

En el reporte semanal se indica que 109 padres han renunciado a su derecho de reunificación por lo que el menor sería entregado a un familiar o tutor en Estados Unidos, mientras que otros 53 ya han pedido que el niño sea trasladado al país en que se encuentra.

La ACLU ha abogado por este grupo de padres ya que algunos les habrían hecho saber que firmaron su salida voluntaria ya que se les hizo creer que era la única forma de ser reunificados con sus hijos. Por ello, ya se ha solicitado al juez que se conceda el regreso de ellos para que puedan continuar con su petición de asilo político que fuera la razón por la cual habían dejado su país de origen en búsqueda de refugio.

El juez Dana Sabraw, quien preside el caso en una corte de San Diego, ha pedido a las dos partes que busquen un acuerdo sobre si se permitiría la reunificación de algunas familias de regreso en Estados Unidos pero hasta el momento, éste no se ha concretado.

De no llegar a un consenso, sería el propio juez quien decidiría, aunque no hay plazo para ello.

La ACLU también ha insinuado que disputará los casos de algunos padres que fueron catalogados como “no elegibles” para reunificación ya sea por su historial delictivo o porque el gobierno considera que representan un riesgo para el menor.

En particular, este organismo defensor de derechos humanos, quien representa a los padres que se han visto afectados por esta política del gobierno federal, tiene dos casos en la mira.

El primero es de un niño que cumplió los cuatro años en custodia, quien fue separado de su madre debido a que contaba con una orden de arresto en su país de origen debido a que supuestamente forma parte de una pandilla. La mujer ya ha negado dicha acusación e inclusive, un juez de inmigración habría determinado que dicha orden no es suficiente para considerar que se trata de un “peligro a la comunidad”.

Pese a ello, el gobierno ha optado por no reunificar a la mujer con su hijo, según la ACLU.

El segundo caso es de un niño de dos años que habría sido separado de su padre debido a que había dudas sobre su parentesco. Posteriormente, la administración federal habría indicado que correspondía a sus antecedentes criminales.

La ACLU señaló que sólo tiene conocimiento de una admisión de culpabilidad por asalto en 2010, la cual considera, no debería impedir la reunificación con el menor.
Ambas partes regresarán a la corte para una audiencia esta semana, en la que deberán informar al juez sobre sus avances e inquietudes en este proceso.