Preocupados por el creciente número de personas que no tienen un lugar seguro para vivir y el creciente número de personas que luchan por pagar su renta, un grupo de personas sostuvo tablas con luces de neón que en conjunto explicaron “Sí a la 10” para alentar a las personas a votar en apoyo de la Proposición 10, la iniciativa de control de rentas en el estado de California en las próximas elecciones.

Martha Sullivan, miembra de la Alianza de Emergencia de Viviendas de San Diego (AEHSD, por sus siglas en inglés) quien estaba entre el grupo que sostenía las señales, explicó por qué el grupo estaba parado en el paso elevado de la autopista que apoya la Proposición 10.

“Depende de cada jurisdicción local. Todos tendrán la oportunidad de participar en ese proceso. La proposición 10 lo único que hace es eliminar la prohibición en todo el estado y permite que las jurisdicciones locales desarrollen sus propias políticas y leyes sobre la mejor manera de pensar que pueden servir a sus residentes”, dijo Sullivan.

Formado por varias organizaciones, incluyendo Disability Rights California, Grassroots Oasis, Heartfelt Voices y otros grupos de defensa de la discapacidad, Sullivan dijo que la AEVSD ha abogado por personas sin hogar y viviendas de bajos ingresos durante el último año y medio.

“Lamentablemente, aún continúa la criminalización de las personas sin hogar el año pasado, se estaba intensificando en ese momento y realmente queríamos ponerle cara a la gente sin hogar, a las personas que viven en automóviles, a las personas sin hogar, y otros que enfrentaban emergencias médicas que los forzaron a la bancarrota y terminaron en las calles, o por la violencia doméstica que algunas mujeres huyen hay una falta de refugios, especialmente para niños”, Sullivan dijo.

La falta de vivienda sigue escalando en california. El año pasado, el New York Times informó que más de una cuarta parte de la población total sin hogar en todo el país vive en California, aproximadamente 114,000. En San Diego, los latinos representaban el 23 por ciento de la población no cubierta de este año, es decir, las personas que viven en un lugar que no está destinado a la habitación humana, incluidos automóviles, parques, aceras, edificios abandonados o en la calle.

Si se aprueba, la Proposición 10 no impondría inmediatamente las leyes de control de alquileres en el estado, pero permitiría que las ciudades y condados que están interesados ​​en el control de rentas adopten el control de alquileres en cualquier tipo de vivienda de alquiler. Los derechos de los propietarios a un rendimiento financiero justo en sus propiedades también serían protegidos. Las ciudades y condados que no estén interesados ​​en el control de alquileres no tendrían que tenerlo.

El resultado de la iniciativa podría tener un gran impacto en la comunidad latina. En un informe del año pasado, la revista Fortune informó que en 2016, para las comunidades Chicanas, Latinas e Hispanas, aproximadamente el 48 por ciento de los ingresos se destina al control mensual de renta, un aumento del 41 por ciento en 2011.

Sullivan no es la única que cree que la Proposición 10 puede ayudar a quienes luchan por pagar la renta, la líder sindical y activista de los derechos civiles Dolores Huerta, cofundadora de la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas, ahora United Farm Workers también apoya la medida en la boleta electoral.

En un video en español para la campaña en apoyo de la Proposición 10, Huerta dijo que votará a favor de la medida de la boleta electoral porque “las rentas son demasiado altas” y “son demasiado altos para cientos de miles de personas que se encuentran sin un lugar para vivir.”

La iniciativa también podría tener un gran impacto en el estado dependiendo de los tipos de programas que se implementan. En abril de este año, el San Diego Union Tribune informó que el alquiler promedio en el Condado era, este mes de marzo, de 1887 dólares mensuales.

A principios de este año, en junio, NBC 7 informó que la Coalición Nacional de Viviendas para Personas con Bajos Ingresos publicó el mismo mes sus hallazgos acerca de cuánto dinero se necesita para pagar el alquiler en el estado.

El reporte arrojo que cualquier persona que gane el salario mínimo tiene que trabajar 119 horas de trabajo por semana para pagar un alquiler de dos habitaciones, lo que equivale a tres trabajos de salario mínimo a tiempo completo.

Los californianos necesitan un salario por hora a tiempo completo de 32.68 dólares para pagar una casa de alquiler de dos habitaciones a un precio justo en el mercado por menos del 30 por ciento de sus ingresos. La cifra hace de California el segundo estado más caro.

La Proposición 10 también revoca una ley estatal conocida como la Ley de Vivienda de Alquiler de Costa-Hawkins, que limita las leyes locales de control de alquileres. En este momento, Costa-Hawkins les permite a los propietarios aumentar los precios de alquiler a precios de mercado cuando un inquilino se muda, a lo que se le atribuyen los desalojos y los aumentos en los precios de alquiler.

No todos ven la Proposición 10 como una solución, incluida la Cámara de Comercio Hispana y el ex candidato a gobernador Antonio Villaraigosa, quien fuera alcalde de la ciudad de Los Ángeles.

Un estudio de la Universidad de Stanford publicado en enero de este año señala que el control de alquileres podría llevar a una escasez de unidades disponibles. Algunos economistas han dicho que la oferta y la demanda empeorarán porque los desarrolladores no estarían motivados para construir en ciudades que tienen control de alquileres. También existe la preocupación de que los dueños de propiedades quiten las unidades de alquiler del mercado y enumeren sus unidades para viviendas que no están sujetas al control de alquileres, como AirBnB.

Mientras tanto, un estudio que también se publicó este año en Urban Habitat, establece que los propietarios locales no se retiran del mercado de alquileres para evitar el control de alquileres. Otro estudio de la USC Dornsife publicado en octubre de este año establece que la estabilización de los alquileres no abordará todo, pero tampoco impedirá el mercado de la vivienda.

Algunas soluciones del San Diego Union Tribune incluyen la aprobación de leyes por parte de la legislatura de California que facilitan y abaratan la construcción de viviendas, y se aseguran de que incluya unidades asequibles junto con créditos del gobierno estatal y federal para inquilinos, pero esas ideas aún no se han concretado.

El analista legislativo estatal dijo que la Proposición 10 probablemente reduciría los ingresos estatales y locales a largo plazo, pero eso también dependería de una serie de factores que incluyen si el control de alquileres se aplica en gran o en pequeña escala.

“Podemos al menos intentarlo. ¿Cuánto dinero está perdiendo el estado de todas las personas sin hogar? Sullivan responde rápidamente. “Quiero decir que realmente no está perdiendo, sino está gastando dinero, en visitas a la sala de emergencia y en todas las actividades de criminalización, los tribunales. Creo que es una cortina de humo. “El estado está gastando cientos de millones de dólares ahora para lidiar con la falta de vivienda”, agregó Sullivan.

También dijo que desde que se aprobó por primera vez la ley de Costa Hawkins en 1995, “los precios de la vivienda han aumentado, la falta de vivienda ha aumentado, así que claramente no ha funcionado”.