Comentario:
Por Maribel Hastings

Con más vidas que un gato, el tema migratorio vuelve a ser centro de atención en un Congreso próximo a concluir y en el cual los republicanos estarán enfrascados en una lucha contra la administración de Barack Obama, con el fin de evitar la implementación de la acción ejecutiva migratoria que daría a millones una protección temporal de la deportación.

Aunque hay muchas dudas y frustración entre algunos sectores que piensan que el presidente Barack Obama debió hacer más, la orden, que tiene el potencial de beneficiar a casi la mitad de la población indocumentada del país, todavía enfrenta los intentos republicanos de evitar su implementación.

Para el 11 de diciembre, el Congreso debe aprobar un plan de gastos para mantener al gobierno federal operando, pero la pelea por la acción ejecutiva migratoria podría complicar las cosas.

Como todos los martes, las bancadas de ambos partidos se reúnen para debatir estrategias y esta semana los republicanos ponderarán qué medidas tomarán, a corto plazo, para atajar la acción ejecutiva migratoria. Asimismo, el Comité Judicial de la Cámara Baja conduce este martes una audiencia para disputar la constitucionalidad de la acción ejecutiva.

Se considera una demanda legal que podría presentarse próximamente.

De otra parte, está el debate sobre si es posible o no frenar las acciones bloqueando los fondos de implementación.

Las acciones ejecutivas son afectadas por el Congreso que puede legislar para no financiar el programa o no renovarlo como ha tratado de hacer la Cámara Baja republicana con el plan DACA girado en 2012, la Acción Diferida para los Soñadores.

Empero, el Comité de Asignación de Fondos de la Cámara Baja aclaró en un comunicado de prensa que la agencia que estaría encargada de procesar las nuevas solicitudes de DAPA y DACA, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), se autofinancia con las cuotas que cobra por los servicios de ajuste migratorio, de manera que el Congreso no puede quitarle fondos que no le asigna.

No obstante, la semana pasada el Congressional Research Service (CRS) declaró que aunque USCIS se autofinancia con cuotas, el Congreso es quien autoriza el uso de los fondos de operación de la agencia y, por lo tanto, tendría injerencia. El reporte de CRS fue solicitado por el senador republicano de Alabama, Jeff Sessions, acérrimo opositor de la reforma migratoria y de las acciones ejecutivas.

¿Qué pasará entonces en el frente presupuestario? Está por verse y dependerá de quién gane la pelea entre el sector republicano más antiinmigrante que pide juicios de destitución, demandas y cierres gubernamentales, y el sector republicano que busca ofrecer una respuesta mesurada que no lastime aún más al Partido Republicano entre los votantes latinos que apoyan abrumadoramente las acciones ejecutivas migratorias.

Líderes republicanos tampoco quieren alienar a otros sectores de votantes hartos por la parálisis legislativa y analizan cómo demostrar que son capaces de gobernar, sobre todo con la mira puesta en las elecciones presidenciales de 2016.

En esta última vuelta del Congreso de salida, hay varias cosas a considerar en la defensa de las acciones migratorias:

1. El ataque constitucionalista a las mismas carece de fundamento: las acciones ejecutivas migratorias se sustentan por estatuto y precedentes. Aunque los republicanos ataquen el alcance de las acciones es difícil atacar su legalidad considerando, sobre todo, que los asesores legales del Departamento de Seguridad Interna (DHS) y de la Casa Blanca precisamente analizaron hasta dónde llegar para poder defender esa legalidad incluso en tribunales, y de ahí que ciertos grupos de inmigrantes quedaran fuera del amparo. Por ejemplo, se amparó a los padres indocumentados de ciudadanos y residentes permanentes porque ya existiría una vía para su eventual regularización y porque la legalidad de diferir su deportación sería igualmente más fácil de defender de retos judiciales.

2. 135 profesores de leyes, así como ex asesores legales del USCIS y del otrora INS, han defendido el poder del presidente de turno de ejercer su discreción a la hora de aplicar las leyes migratorias de forma más efectiva.

3. Si los republicanos están tan enardecidos por las acciones ejecutivas, tienen unos días en este Congreso para legislar un plan de reforma migratoria, pero no medias tintas que no ofrezcan ninguna solución real para los 11 millones de indocumentados. La Cámara Baja aún tiene el proyecto de reforma S. 744 del Senado en sus manos.

4. Si el tiempo se acaba en este Congreso, los republicanos tienen dos años para legislar en la nueva sesión a partir de enero cuando controlarán las dos cámaras del Legislativo.

5. Y de suma importancia: Los republicanos deben decidir cuidadosamente cómo combatirán las acciones ejecutivas migratorias sin reforzar su imagen de antiinmigrantes y antilatinos. Necesitan del voto latino para ganar la Casa Blanca en 2016, un voto latino que apoya ampliamente las acciones ejecutivas. Según un reciente sondeo de Latino Decisions, el 89% de los votantes latinos favorecen dichas acciones ejecutivas incluyendo 95% de los demócratas hispanos; 81% de los independientes; y 76% de los latinos republicanos.

La pelota está en la cancha republicana.

Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice