Decenas de personas en San Diego se unieron este viernes al día nacional de acción en protesta del creciente número de niños y padres migrantes que han sido separados al llegar a la frontera como parte de una política anunciada por la actual administración federal.

Frente al edificio federal ubicado en la zona de downtown, activistas y miembros de la comunidad mostraron su repudio ante una práctica que calificaron de “inhumana”, y que fuera implementada como una medida para disuadir el cruce de personas indocumentadas.

“Es una política nefasta”, denunció Pedro Ríos, director del Comité de Amigos Americanos en San Diego. “No toma en consideración las necesidades básicas, la razón por la cual muchas de estas personas se ven sin ninguna otra opción más que entrar en los Estados Unidos”, agregó.

Con esta movilización, organizaciones defensoras de derechos humanos esperan generar presión en el tema y que líderes electos se pronuncien ante esta situación que se estima aqueja a cientos de familias.

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions detalló durante su visita a San Diego, un plan bajo el cual cualquier persona que ingrese de manera irregular al país será procesada con cargos criminales y en caso de viajar con menores de edad, serían separados de ellos.

“Si estás tratando de entrar con un niño, entonces te encausaremos y el menor será separado de ti como lo requiere la ley”, advirtió el funcionario.

La indignación de grupos se acrecentó luego de un reporte del periódico New York Times que cita fuentes del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), donde se señala que el gobierno perdió rastro de casi 1,500 menores que cruzaron solos la frontera y fueron llevados a albergues.

En respuesta, la Casa Blanca, ha argumentado que el hecho de que no hayan podido contactarse con ellos no significa que estén “desaparecidos”.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha presentado una demanda colectiva en contra de autoridades federales en un intento por frenar esta práctica y reunificar a padres con sus hijos. Los argumentos en dicho caso fueron escuchados a principios de mayo, y ahora, se está en espera de la resolución de un juez federal.

“En este caso no nos quedó otro recurso (más que el litigio) y con ello buscamos terminar esta política y evitar que cientos de familias sean separadas”, declaró Esmeralda Flores, de la oficina de derechos del migrante y asuntos binacionales para ACLU en San Diego.

Decenas de ciudades en el país como Miami, San Antonio, Atlanta, Washington, Nueva York y Austin, también encabezaron marchas similares en apoyo a familias, en su mayoría centroamericanas, que se han visto afectadas por esta política.